Un supermercado en el supermercado, donde en estantes separados
están, a precio reducido, aquellos alimentos que hasta ahora se hubieran
desechado por estar pasados de fecha. Es lo que se permite desde este
lunes en Grecia. En un país que ha visto traspasar muchas líneas rojas desde el comienzo de la peor crisis
desde la Segunda Guerra Mundial, la entrada en vigor de la nueva
directiva anunciada por el Gobierno hace una semana y que autoriza la
venta al pequeño consumidor de productos alimenticios con fecha de
consumo preferente caducada ha despertado una fuerte polémica. Hasta el
punto de que el secretario de Estado para el Consumo, Yorgos Stergiou,
ha tenido que salir al paso de las críticas para garantizar que la
decisión no supone un riesgo para la salud pública: “El consumo
preferente es un instrumento de seguridad y marketing de los
productores, pero no significa en absoluto que el producto no esté bueno
o sea peligroso”.
Con la nueva regulación, las tiendas de alimentación y los
supermercados podrán poner a la venta a precios rebajados productos no
perecederos etiquetados con la indicación de “consumir preferentemente
antes de…”. La vida útil comercial se alarga una semana para aquellos
que lleven una fecha con día y mes; de un mes para los que estaban
marcados con mes y año; y tres meses para los que solo tenían en su
envoltorio la indicación del año. La comercialización solo se permite en
la venta al por menor y está vetada en restaurantes o bares, con multas
que pueden llegar hasta los 5.000 euros por unidad de producto.
La directiva no contradice necesariamente las normas comunitarias,
que datan del año 2000. La Comisión Europea diferencia entre el consumo
preferente y la fecha de caducidad. Este último concepto será el
aplicable en comida muy perecedera, y que por lo tanto su consumo pasado
el plazo fijado puede ser peligroso. La industria de alimentación es la
que debe decidir si cada producto pertenece a una u otra categoría. La
nueva regulación que prepara Bruselas sobre información de productos
alimenticios, que entrará en vigor el 13 de diciembre de 2014, mantiene
esta distinción. Pero establece que los productos con fecha de caducidad
deben considerarse como no seguros una vez que haya pasado la fecha
indicada, informa Luis Doncel.
“Creo que es algo que no va a prosperar”, comenta en conversación
telefónica desde Atenas Alexandros Theodorides, portavoz de la
organización Boroume, una de las iniciativas nacidas a raíz de la crisis
para responder a las crecientes necesidades de una población cada vez
más empobrecida (el 31% está en riesgo de pobreza y exclusión social,
según Eurostat; la tasa de paro supera el 27% y Unicef estima que hay
600.000 niños que viven ya por debajo de la línea de pobreza). Boroume
pone en contacto personas o instituciones que necesitan comida con
empresas y particulares que pueden ofrecerla. Por eso trata a menudo con
los supermercados, intentando poner un freno también al desperdicio de
alimentos que se genera normalmente en la gran distribución. “En cuanto
leí la noticia pensé que los supermercados no se arriesgarían a
comprometer su reputación. Y justo acabo de venir de una reunión con una
de las mayores empresas de Grecia y decían que no lo van a hacer”. De
hecho el diario Kathimerini informaba en su edición en inglés
del malestar de las principales cadenas de supermercados que ya han
expresado su intención de no ponerlas en marcha porque las consideran
contrarias a las políticas de venta. El temor al desprestigio de su
propia marca puede ser mayor que los beneficios de la venta de unos
productos que de otra forma acabarían en la basura.
“Son productos que se tiran. Pero si se puede alargar ¿en razón de
qué entonces se ha puesto la fecha de consumo preferente? Dando por
hecho de que se garantice la seguridad alimentaria, nos da un poco la
sensación de que es una fecha con la que se ha estado jugando por
motivos económicos”, comenta José Ángel Oliván, presidente de la Unión
de Consumidores de España, que recuerda también las recientes polémicas
aquí por el cambio en la fecha de consumo de los yogures, cuya caducidad
hasta el pasado marzo estaba establecida por ley. “En el caso de Grecia
me parece muy hipócrita lo que están haciendo. Éticamente me resulta
rechazable. Vamos a tener comida para pobres y comida para ricos. Y
además los que han comprado la comida de primera categoría ya ha pagado
la de segunda porque los supermercados cargan en los precios las
pérdidas del porcentaje de mermas que prevén”, añade. “La crisis al
final lo que está destapando es mucho clasismo”, concluye.
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