El juez José Castro, que investiga desde hace tres años el entramado de empresas con las que Iñaki Urdangarín cometió supuestamente varios delitos de corrupción, acumula datos fiscales de la infanta Cristina para plantear una nueva imputación.
El juez Castro consideró en abril pasado que había indicios suficientes en la causa abierta por el denominado caso Nóos
para citar a la Infanta como imputada. El magistrado apuntaba que la
infanta conocía los negocios irregulares de su marido y que ella misma
era copropietaria de la empresa Aizóon, cuyos ingresos procedían
mayoritariamente de los contratos que Urdangarin cerraba con
administraciones públicas.
La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca decidió dejar en
suspenso la imputación de la Infanta. No obstante, señaló al juez el
camino para argumentar de manera más sólida la investigación y, en su
caso, la imputación por posible blanqueo de capitales a través de la
participación de la infanta en la empresa Aizóon, con la que su marido
había defraudado al fisco.
La Agencia Tributaria no ha remitido aún al juez los datos que
solicitó sobre ventas a terceros atribuibles a la hija del Rey, pero
entre los nuevos informes que el juzgado ha incorporado al sumario
figuran intentos de cobro por parte de doña Cristina cuya validez ha
sido rechazada por Hacienda. EL Grupo de Delincuencia Económica de la
Policía rastrea en Barcelona y Palma la facturación de Aizoon, una tarea
compleja y aún inconclusa.
Esos intentos tienen que ver con la factura de 3.828 euros que la
hija del Rey supuestamente giró a su propia empresa, Aizóon, en concepto
de alquiler de la vivienda que la Infanta tiene en Barcelona. Aizóon
intentó hacer pasar ese pago de alquiler a la Infanta como gastos de la
empresa, pero Hacienda no lo admitió.
Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado entienden que el hecho
de que la Infanta compartiera con Urdangarin la propiedad de Aizóon, a
través de la que se defraudó a Hacienda, no es suficiente para imputar a
la hija del Rey.
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