La presidenta de la asociación Todos los Niños Robados Son También
Mis Niños, Soledad Luque, presentó este lunes ante una juez argentina la
demanda por el robo de su hermano mellizo cuando era recién nacido en
1965 en Madrid, según confirmaron fuentes judiciales. Luque integra uno
de los colectivos que sostienen que aquellos robos de bebés se
inscribieron dentro de un plan sistemático pergeñado por el franquismo y
por eso se ha unido a la querella que otras ocho asociaciones de
víctimas del régimen han iniciado en 2011 en Argentina, dada la falta de
investigación judicial de los crímenes de la dictadura en España.
“Mi caso es uno más de miles”, relató Luque el pasado jueves en una
rueda de prensa en la sede de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo,
que luchan por recuperar a sus nietos robados, cuando eran bebés, a sus
hijos desaparecidos por la última dictadura militar de Argentina
(1976-1983). “Nosotros consideramos que son crímenes del franquismo”,
expuso Luque, que presentó su demanda en la misma mano de la juez, María
Servini de Cubría, que poco ha avanzado en la investigación contra los
delitos cometidos en España. Servini le tomó este lunes dos veces
declaración a Luque y fuentes de su juzgado prevén progresos de las
causas contra el franquismo en los próximos diez días.
El abogado argentino residente en Madrid Carlos Slepoy, que en los 90
presentó demandas de víctimas del régimen de su país ante el entonces
juez Baltasar Garzón, ahora impulsa las querellas contra el franquismo
en Argentina, siempre bajo el criterio de la justicia universal contra
delitos de lesa humanidad. Slepoy relató que “en España hubo 30.000
niños apropiados desde la Guerra Civil hasta finales de los 50, se
quitaban niños de hasta tres años a madres republicanas, y luego esto se
convirtió en práctica generalizada contra decenas de miles de hijos de
mujeres pobres o madres solteras”.
Tanto Luque como Slepoy destacaron que el pasado miércoles diputados
argentinos de diversos partidos, que integran la Comisión de Derechos
Humanos de la cámara baja del Parlamento, firmaron un proyecto de
repudio de los crímenes del franquismo y de apoyo al juicio que en
Argentina los persigue. Lo rubricaron diputados kirchneristas y de las
centristas Unión Cívica Radical (UCR) y Coalición Cívica, del Partido
Socialista y de la izquierdista Unidad Popular.
La causa contra los delitos franquistas se encuentra “semiparalizada”
en Argentina, según lamentó uno de los abogados representantes de
víctimas españolas, Héctor Trajtemberg. Este letrado recordó que en
estos dos años de investigación judicial se suspendió un viaje previsto
de la juez Servini a España y una videoconferencia de víctimas en el
consulado argentino en Madrid. “La juez no se sintió respaldada, no sé
si le dan los medios económicos”, se refirió Trajtemberg a las máximas
autoridades del Poder Judicial de Argentina.
Las víctimas del franquismo sueñan con que se repita la historia de
lo que ocurrió con los crímenes de la dictadura argentina, que
comenzaron a ser juzgados en España ante la impunidad reinante en el
país sudamericano hasta que un día llegó al Gobierno un político, Néstor
Kirchner (2003-2007), que decidió impulsar la derogación de las leyes
del perdón. La idea es que avance la causa en Buenos Aires como modo de
presión sobre las autoridades españolas. Pero para reforzar el juicio en
Argentina, organizaciones sociales de este país crearán este martes una
plataforma de apoyo a las querellas de las víctimas del franquismo, que
estará integrada por Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, la Central de
Trabajadores de Argentina (CTA), militantes kirchneristas, Amnistía
Internacional y colectivos de emigrantes gallegos y vascos, entre otras
entidades. Además, el abogado Slepoy anunció su intención de pedirle a
la jerarquía eclesiástica de Madrid y Euskadi que abriese archivos que
contengan información sobre 40 curas vascos represaliados por el
franquismo, a partir del ejemplo de Abuelas de Plaza de Mayo, que
formuló una petición similar al papa Francisco para averiguar sobre sus
nietos robados.
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