La propuesta del Gobierno de eliminar de la cartera de servicios de la sanidad pública la inseminación artificial para las lesbianas
puede chocar con la justicia. La Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias acaba de dar la razón a Silvia García
Hernández, una mujer homosexual a la que la sanidad pública asturiana denegó un tratamiento
de fertilidad, y ha obligado al Gobierno del Principado a pagarle el
coste de su inseminación que le practicaron en una clínica privada. ¿La
razón? La Constitución proclama el principio de igualdad e impide la
discriminación por orientación sexual. Y el único modo de que una mujer
homosexuales tenga hijos es a través de la reproducción asistida.
Silvia acudió con su pareja a la unidad de reproducción asistida del
hospital San Agustín de Avilés el 18 de abril de 2011, pero el jefe de
esa unidad les indicó que no estaba autorizado a ofrecerles ese
tratamiento ya que Silvia, según sus informes médicos, no tenía ningún
problema físico para concebir hijos, es decir, no era estéril. Ante esa
negativa, dos días después, Silvia presentó un escrito en la Consejería
de Salud, en el que solicitó que se reconociera su derecho a que las
técnicas de reproducción asistida se le dispensaran en un centro
público, pero la petición tampoco fue estimada.
Después, el consejero, Ramón Quirós (PSOE), aseguró que la razón del
rechazo era el decreto que recoge la cartera de servicios del Sistema
Nacional de Salud, en el que solo se contempla la reproducción asistida
“cuando haya un diagnóstico de esterilidad o una indicación clínica
establecida”. “Cuando las personas están sanas o el informe médico dice
que no tienen infertilidad, el sistema no lo financia”, dijo el
consejero. Ahora, con la razón de su mano, Silvia responde: “Sí era
estéril; estéril social”.
Ante la negativa tuvo que dirigirse entonces a la sanidad privada,
donde le practicaron cinco inseminaciones y una fecundación in vitro por
las que pagó cerca de 14.000 euros. Ahora, el tribunal le reconoce el
derecho a recibir la prestación en un servicio público y obliga al
Principado a reintegrarle parte de ese dinero (7.272 euros). Los
magistrados le dan la razón porque “de lo contrario, se estaría
obligando a una persona de orientación homosexual a tener relaciones
heterosexuales para alcanzar la procreación”, dice la sentencia, del
pasado 26 de abril. Fuentes de la Consejería de Sanidad se limitaron a
declarar a Efe la voluntad del Servicio de Salud del Principado de
Asturias de acatar la sentencia.
Ahora, la propuesta del Gobierno de cerrar esa vía, le produce
indignación. “El PP vuelve a la carga restringiendo el derecho de las
familias homosexuales a tener hijos a su capacidad económica”, dice.
“Quieren limitar los recursos públicos a un único tipo de familia, la
admitida por su ideología, hombre y mujer”, añade. Hace solo cuatro
semanas, Silvia dio -por fin- a luz a su esperado hijo.
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