Un suculento contrato de basuras para limpiar la ciudad de Toledo, de
84.000 habitantes, durante una década a cambio de 61 millones de euros
ha puesto bajo sospecha la financiación del PP en Castilla-La Mancha
durante la presidencia de María Dolores de Cospedal (PP). Luis Bárcenas,
extesorero de este partido, aseguró al juez Pablo Ruz que recibió de
Sacyr —la empresa adjudicataria— una comisión ilegal de 200.000 euros y
que entregó ese dinero a José Ángel Cañas, gerente del partido en esa
comunidad. Este último firmó un recibí por esa cantidad que Bárcenas entregó durante su última comparecencia en la Audiencia Nacional. El PP lo niega.
¿Cómo salió a concurso el contrato de basuras? ¿Se cumplieron los
procedimientos administrativos o hubo amaño para que Sacyr se llevara la
millonaria contrata? En 2006 el Ayuntamiento de Toledo estaba gobernado
por el PP y su alcalde era José Manuel Molina, hoy retirado de la
política, una persona que ahora responde con SMS y el signo de
interrogación a las llamadas y mensajes de EL PAÍS a su teléfono móvil
solicitando una opinión sobre el contrato.
El concurso para el Servicio de Limpieza Viaria y Basuras de Toledo
salió con un monto de licitación de 6,5 millones anuales. Concurrieron
ocho empresas, entre las que figuraba Urbaser, la compañía que había
gestionado hasta entonces este servicio. El procedimiento administrativo
fue igual que en otros contratos, salvo que en esta ocasión los
concejales del PP decidieron que una consultora externa valorara las
ofertas. La empresa elegida para esta función fue Consultora de Gestión
de Empresas SL, una pequeña compañía de Toledo. José Montero, su
responsable, explica así su trabajo: “Hicimos un análisis comparativo de
las ofertas a la luz de los pliegos, las ordenamos y valoramos. Sobre
la base de ese informe fueron los técnicos municipales los que
puntuaron”.
La Mesa de Contratación del Ayuntamiento se reunió el 19 de diciembre
de 2006, presidida por el entonces vicealcalde del PP, Lamberto García.
También asistieron el jefe de Servicios y Contratación Julio Gómez, el
concejal de Participación Ciudadana Fernando Sanz, el concejal de Obras y
Servicios Javier Alonso, y el viceinterventor Javier Sánchez. La oferta
ganadora con 92,97 puntos sobre 100 fue la de Sufi, filial de Sacyr,
que hizo la propuesta económica más baja (6.138.383 euros), aunque en la
valoración este concepto contaba solo 20 puntos, lo mismo que el de
mejoras técnicas y seguridad e higiene. El que más sumaba era el de
metodología del trabajo y medios (50 puntos).
El viceinterventor puso una pega a la adjudicación a Sufi. Recomendó
reforzar la propuesta con un estudio de viabilidad económica de la
empresa ganadora, según el acta de la reunión. Al día siguiente la
consultora presentó un análisis que validaba la solvencia de la filial
de Sacyr. En sus conclusiones decía: “En nuestra opinión existe
correlación entre los gastos directos ofertados y los precios unitarios
descompuestos ofertados en la proposición económica”. El informe lo
firmó Montero.
El 21 de diciembre la Junta de Gobierno municipal aprobó la
adjudicación del concurso a Sufi por 6,1 millones durante 10 años
prorrogables a otros cuatro. El alcalde José Manuel Molina no asistió a
la reunión. “Faltaba mucho”, asegura Gabriel González, entonces concejal
socialista en la oposición. Se firmó el 15 de enero de 2007 y comenzó a
operar el 1 de marzo.
¿No notaron nada extraño? “Honestamente no vimos nada raro. Lo único
que nos llamó la atención es que se cediera la valoración a una
consultora externa. Era la primera vez que se hacía para contratar un
servicio público. Estábamos en precampaña electoral, la limpieza era un
desastre y queríamos ser constructivos”, recuerda González, ahora
concejal de Gestión y Servicios. ¿Revisaron el expediente? “Sí, Salvo la
singularidad de la consultora, el procedimiento era correcto”. Poco
después Sufi recibió otro contrato: 350.000 euros anuales por el
mantenimiento de viales que hasta entonces hacía la plantilla municipal.
“Creemos que es una compensación del anterior”, apostilla González.
Ni Molina, el exalcalde, ni los concejales del PP de entonces siguen
en el Ayuntamiento. Cospedal admite que los 200.000 euros se entregaron a
la organización regional, pero niega que fuera una comisión. El apunte
no figura en las cuentas del partido, ni en la contabilidad electoral.
Nadie explica por qué.
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