“Hemos dado la vuelta al marcador, porque cuando gobernaban los
socialistas nuestra Comunidad parecía estar fuera del mapa, porque era
de segunda. Eso hoy ya no es así”. Ese fue el diagnóstico con el que
Francisco Camps inició su andadura. Era mayo de 2003. Aspiraba por
primera vez a la presidencia de la Generalitat y, plantado en medio del
campo de Mestalla, en un mitin que cerraba el presidente del Gobierno,
José María Aznar, expresó su deseo más sincero: “Espero que mi nieto
diga que fui un gran presidente de la Generalitat”.
Apenas dos años después de abandonar el poder, en 2011, la justicia
ya ha arrasado la mayor parte de un proyecto político levantado a golpe
de talonario y decisiones arbitrarias, que hará muy difícil que a Camps
lo puedan calificar de “gran presidente” sus propios herederos
políticos.
Esta misma semana, el juez instructor del caso Nóos, José
Castro, ha puesto en evidencia cómo se gestionó buena parte del dinero
público de la Generalitat para potenciar grandes eventos. La
Administración de Camps aceptó la celebración de tres jornadas Valencia
Summit en 2004, 2005 y 2006 —en colaboración con el Ayuntamiento de
Valencia— y un convenio para organizar unos Juegos Europeos del deporte
para quedar bien con la Casa Real.
“Las contrataciones que se realizaron con el señor \[Iñaki\]
Urdangarín \[duque de Palma\] no respondían a ninguna labor concreta ni a
ninguna necesidad de interés público sino única y exclusivamente al
mero interés de conceder al señor Urdangarín todo aquello que éste
solicitaba, consecuencia de su influencia por pertenecer a la Casa
Real”, asegura el juez Castro en el auto. En conjunto, la Generalitat y
el Ayuntamiento gastaron 3,5 millones de euros en el Instituto Nóos para
proyectar la imagen de Valencia. Un gasto en el que se prescindió “de
manera descarada de los principios de concurrencia y publicidad para ser
sustituidos por los del amiguismo y la oficiosidad”, según los indicios
que ha observado el juez Castro.
No es el único ejemplo de la política de grandes eventos que ha
terminado en el juzgado. Otros iconos también están inmersos en pleitos,
como el aeropuerto de Castellón —donde concesionaria y Generalitat
discuten el incumplimiento del contrato— o los estudios de la Ciudad de
la Luz de Alicante, donde la Generalitat está enfrentada a cara de perro
con la concesionaria y debe resolver la millonaria sanción impuesta por
Bruselas por competencia desleal.
La justicia, y la crisis, también se han llevado por delante otras
fanfarrias del proyecto del anterior presidente de la Generalitat, como
la proyección turística de la Comunidad Valenciana. La Consejería de
Turismo que creó Camps ha desaparecido, la fórmula 1 que le ayudó a
ganar las elecciones autonómicas de 2007 se celebra en años alternos y
el esplendor de la imagen de la Comunidad Valenciana ha perdido brillo.
Tanto que este fin de semana se ha cerrado la feria internacional de
turismo (Fitur) en Madrid con uno de los pabellones valencianos más
modestos de los últimos 15 años.
Es el remate de una gestión que se inició en 2005 con la adjudicación
a Orange Market y a otras empresas de la trama Gürtel del pabellón de
la Comunidad Valenciana en Fitur. La Fiscalía Anticorrupción pide ahora
11 años de cárcel y 34 de inhabilitación para Milagrosa Martínez, la
consejera de Camps que realizó las primeras adjudicaciones. Para su
sucesora, Angélica Such, reclama nueve años de inhabilitación.
Esta es una de las piezas separadas del caso Gürtel que
instruye el Tribunal Superior de Justicia, que también tiene en marcha
una causa abierta por financiación ilegal del PPCV y que tendrá que
abordar la contratación irregular por parte de Ràdio Televisió
Valenciana (RTVV) con la trama Gürtel para retransmitir la visita del
Papa a Valencia en 2006.
Apenas seis años después de convertirse en el primer canal autonómico
de España capaz de gestionar en exclusiva la señal institucional de la
visita de un jefe de Estado extranjero, Canal 9 está inmersa en un
proceso de reestructuración sin precedentes.
Además, los tribunales han tumbado, por ilegal y arbitraria, la
decisión de la Generalitat de clausurar los repetidores de Acció
Cultural que permitían ver las emisiones de TV-3 en la Comunidad
Valenciana y han anulado la mayor parte de la concesión de licencias de
televisión digital terrestre.
Si la proyección de la imagen de la Comunidad Valenciana, tanto fuera
como dentro del ámbito de la Generalitat, se convirtió casi en una
obsesión de la Administración de Camps, el “agua para todos” fue un
eficaz motivo para desgastar al Gobierno socialista de José Luis
Rodríguez Zapatero.
Sin embargo, una de las piedras angulares de la política hídrica, la
reivindicación del trasvase del Ebro, también ha sufrido un serio revés.
El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso contra la derogación
del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y, además, el PP no ha
tenido ningún reparo en utilizar las desaladoras impulsadas por el
anterior Gobierno para garantizar el suministro de agua al sur de la
provincia de Alicante.
Pero la política hídrica de Camps también tiene otras sombras, como ha puesto en evidencia el caso Emarsa.
Epsar, la entidad de la Generalitat que fija y paga el precio del
tratamiento de los lodos de las depuradoras, hinchó los costes en la
depuradora de Pinedo de Valencia. El fraude está siendo investigado por
el juzgado número 15 de Valencia, que ha hallado numerosos indicios de
los delitos que propiciaron el saqueo de los fondos de la depuradora.
Una instalación que estaba dirigida por personas, como Estaban Cuesta y
Enrique Crespo (gerente y presidente de Emarsa), que tenían relación
directa con el expresidente. La depuradora de Pinedo está considerada
una de las mayores de Europa y era ejemplo de la política de ahorro y
reutilización del agua de la Administración Camps.
La justicia también ha redimensionado la gestión realizada por la
Administración del anterior jefe del Consell en otras dos cuestiones
capitales: la supervisión del sistema financiero valenciano y el
urbanismo.
Los principales directivos de la CAM, Bancaja y Banco de Valencia
están inmersos en procesos judiciales por actuaciones irregulares que
llevaron sus entidades a la ruina y el sistema financiero valenciano ha
desaparecido. Las investigaciones han revelado que, aunque la mayor
responsabilidad era del Banco de España, los representantes nombrados
por el PP de Camps en las cajas no cumplieron con la función para la que
habían sido designados y que el Instituto Valenciano de Finanzas —ahora
en revisión por parte de su sucesor Alberto Fabra— hizo también
dejación de sus funciones.
Respecto al urbanismo, el actual Consell se ha visto obligado a
rehacer todo el marco legal tras el marasmo creado en la última década,
que llevó a Bruselas a ocuparse explícitamente del caso valenciano tras
el aluvión de quejas y pleitos.
Y es que a Camps, como a Ícaro, le perdió la ambición. Voló demasiado
alto ignorando que si se acercaba demasiado al sol perdería las alas. Y
ahora, cada día que pasa por delante del Mestalla, solo ve los
destrozos de su caída.
La justicia frente a la era Camps
La imagen. El caso Gürtel ha derivado en cuatro piezas sobre la gestión del expresidente. Además del caso de los trajes, ya juzgado y recurrido por el PSPV, una segunda investiga la adjudicación irregular del pabellón de Fitur a Orange Market. Queda una tercera por financiación ilegal del PPCV, en la que está imputado Luis Bárcenas, y, al menos, una cuarta, por el contrato de RTVV para retransmitir la visita del Papa a Valencia. Además, el Supremo ya ha tumbado la decisión de clausurar los repetidores de la señal de TV3 y la mayoría de concesiones de TDT.Los eventos. El caso Nóos evidencia cómo se gestionó esta política con Camps. Otros grandes proyectos como el aeropuerto de Castellón o Ciudad de la Luz, que ya ha sido multada por Bruselas por competencia desleal, están en pleitos con las concesionarias.
El agua. El caso Emarsa pone en cuestión la politica de depuración de aguas a través de Epsar. El Constitucional ha rechazado el recurso contra la derogación del trasvase del Ebro.
El urbanismo. Los excesos obligan a plantear un cambio de legislación al Consell, que todavía arrastra escándalos urbanísticos como los del caso Brugal.
La cooperación. El caso Blasco ha desvelado que ni siquiera las ayuda al desarrollo escaparon a la falta de unos controles mínimos..
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