La autora analiza la trayectoria de la multinacional española Iberdrola y los motivos que han llevado a Evo Morales a nacionalizar las dos filiales de esta empresa en Bolivia. |
"El Gobierno de
España defiende siempre los intereses de las empresas españolas, estén
dentro o estén fuera de España", declaró el ministro de Industria y
Energía ante la nacionalización de las filiales de Iberdrola en Bolivia.
La decisión fue anunciada por el Gobierno de Bolivia el 29 de diciembre
de 2012 y se justificaba por una injusta política de tarifas de la
multinacional vasca en el área rural boliviana; la población de estas zonas tenía que pagar por la electricidad casi el triple que si viviera en las ciudades.
Las mismas palabras fueron pronunciadas por el Gobierno español el 12 de abril de 2012, tras la expropiación por parte del ejecutivo argentino de las acciones de Repsol en la petrolera argentina YPF, y también se repetían el 1 de mayo de ese mismo año cuando el gobierno del Evo Morales nacionalizó TDE, filial de Red Eléctrica Española.
Y en esa misma línea, en el año 2006, el Gobierno del PSOE presionó
diplomáticamente al Gobierno de Bolivia cuando decretó la
nacionalización de los hidrocarburos, lo que afectaba a los intereses de
Repsol. Así, la defensa incondicional de las transnacionales españolas
en su internacionalización es una “política de Estado” y, en
consecuencia, se pone a la disposición de estas compañías todos los
medios diplomáticos, políticos y económicos de las instituciones
públicas.
Denuncias contra la transnacional
Esta
postura es inamovible a pesar de las denuncias e impactos que puedan
tener estas multinacionales en su actividad internacional, como ha sido
el caso de Iberdrola en Bolivia y del resto de empresas españolas que
han tenido actividad en este país. Red Eléctrica Española fue objeto
de denuncias sistemáticas por sus irregularidades en el transporte de
electricidad antes de ser nacionalizada, el BBVA fue criticado por
la mercantilización de las pensiones, Abengoa participó en el consorcio
Aguas de Tunari que causó la “Guerra del agua” en Cochabamba, el grupo
Prisa defendía la postura de las transnacionales españolas a través del
principal diario boliviano, La Razón, y Repsol ha agravado el
desabastecimiento energético del país, ha vulnerado los derechos de los
pueblos indígenas y ha deteriorado ecosistemas de gran valor.
Todos
estos casos han sido desarrollados a partir de una investigación
conjunta, realizada en 2009, entre el Observatorio de Multinacionales en
América Latina – Paz con Dignidad y el Centro de Documentación e
Información Bolivia. Al hilo de la nacionalización de las filiales de
Iberdrola en Bolivia es necesario saber cuál ha sido el papel de esta
multinacional vasca en el país.
Los impactos de Iberdrola en Bolivia
Iberdrola
inició su actividad en el año 1995 comprando las empresas que
distribuyen electricidad en el departamento de La Paz (Electropaz) y en
el de Oruro (Elfeo) lo que le permitía a la compañía española controlar el 38% de toda la energía vendida en Bolivia.
A partir de ese momento Iberdrola no sólo ha mantenido un precio
injusto de la electricidad para el área rural sino que no ha invertido
en la expansión de redes eléctricas, especialmente fuera de las zonas
urbanas. Según el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, sólo
el 47% de la población en las áreas rurales disponen de electricidad, e
Iberdrola ha sido una de las empresas que no ha facilitado el acceso de
energía en estas áreas.
Pero es en el ámbito laboral donde
Iberdrola ha recibido más denuncias en Bolivia. Así, nada más iniciar su
gestión, Iberdrola llevó a cabo un proceso de reestructuración que
conllevaba la división de la empresa en varias unidades, el despido de
personal y la subcontratación de determinadas áreas de trabajo. A partir
de Electropaz y Elfeo creó otras dos empresas más, Edeser y Cadeb, que
ejecutarían funciones básicas para el suministro eléctrico (servicios de
lectura e instalación de medidores, cortes de suministro,
mantenimiento, reparación, etc.). Ambas empresas fueron registradas
como subcontratas; de esta forma, se perdió el control público sobre las
condiciones en las que se trabaja, precisamente, en las empresas que
mayor riesgo de accidentes tienen por su actividad.
La división en varias empresas y la subcontratación ha introducido, además, una gran diferencia en el pago de salarios:
el personal directo de Electropaz ha tenido una nómina 5 veces superior
al personal de Edeser y Cade, mientras que la gerencia ha recibido un
salario 40 veces superior. Lo que se suma a la reducción de personal y
las largas jornadas laborales que, en algunas secciones como la
administrativa, han llegado a superar las 60 horas semanales. Ante este
panorama laboral, la actividad sindical ha sido fuertemente reprimida por parte de Iberdrola.
Un ejemplo de ello es que las personas no sindicadas tienen un salario
promedio mayor que las afiliadas como efecto de las estrategias
implementadas por la empresa. En definitiva, la multinacional ha
conseguido deslegitimar al sindicato y debilitarlo, situación que le ha
venido muy bien para evitar cualquier oposición cuando ha planteado
medidas que deterioran las condiciones laborales.
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