El Congreso de los Diputados no ha encontrado pruebas de que el grupo hostelero que preside Arturo Fernández
y que tiene desde 1995 la concesión de los servicios de restauración en
la Cámara Baja haya efectuado pagos en dinero B a sus empleados, si
bien ha anunciado la convocatoria de un nuevo concurso para septiembre.
El contrato actual está en prórroga y vence el día 1 de ese mes. La
empresa del vicepresidente de la CEOE y presidente de la patronal
madrileña CEIM ha sido denunciada por varios extrabajadores y trabajadores,
que aseguran haber recibido en negro el pago de horas extras, pagas de
navidad y complementos por cargos de responsabilidad, y está siendo
investigada por pagar presuntamente en negro parte de las nóminas de sus
empleados.
Durante la investigación han aflorado, además, importantes deudas del grupo con la Seguridad Social. Ayer, la fiscalía logró que se reabra un proceso contra Arturo Fernández, que
volverá a los juzgados para aclarar un supuesto delito de falsedad
documental en el grupo Cantoblanco. La causa había sido archivada en
noviembre.
El presidente del Congreso se comprometió la pasada semana a someter a
estudio la actuación de la empresa adjudicataria y esta misma mañana se
ha repartido a los miembros de la Mesa del Congreso ese informe para
que lo conozcan, con la idea de discutirlo "en el futuro". Al término de
la reunión, el presidente de la Cámara, Jesús Posada, ha avanzado que
el documento, elaborado por la comisión de contratación, no ha detectado
"ninguna actuación fuera de la ley" en el Grupo Arturo Cantoblanco. "El
estudio concluye que aquí se ha actuado con plena normalidad y que en
el pasado también ha habido absoluta normalidad", ha añadido Posada.
Sin embargo, pese a que todo parece estar en orden, el órgano de
dirección del Congreso ha decidido sacar a concurso el contrato de
restauración, informan fuentes parlamentarias. El estudio indica que el
Congreso "no ha tenido conocimiento formal de queja alguna por parte de
los empleados que prestan servicios en la Cámara" y que, de la
documentación que obra en su poder, "no se desprende, aparentemente,
incumplimiento por parte de la empresa de sus obligaciones tributarias o
con la Seguridad Social, en el ámbito del contrato que tiene formado
con la Cámara".
El informe, de seis páginas, alude a la denuncia pública por parte de
los trabajadores de irregularidades en los pagos pero añade que el
Congreso no ha recibido "formalmente" ninguna denuncia. Argumenta que
"para constatar la existencia" de dinero B es "preciso contar con algún
fundamento jurídico más sólido que la actual información". "Sería
preciso una sentencia judicial firme, o al menos un acto suficiente de
autoridad administrativa competente", advierte.
En el documento se relatan un conflicto colectivo que requirió un
acto de conciliación entre empresa y trabajadores en 2009 y, en febrero
de 2012, llegó una diligencia de embargo por deudas con la Agencia
Tributaria por más de 3,62 millones, pero no tomaron medidas porque se
trataba de otra empresa de Arturo Fernándéz. En ese informe se señala
que la empresa del vicepresidente de la CEOE lleva en la Cámara desde
1995 y que su último contrato se formalizó en julio de 2010 y que se
acordó una prórroga de un año en septiembre de 2012, "habiéndose
iniciado por la Secretaría General de la Cámara las gestiones oportunas
para sacar a concurso un nuevo procedimiento". En estos años, el
Congreso señala que el servicio de restauración no se ha prestado a
plena satisfacción de los usuarios y que ha habido quejas, pero no ha
habido motivos para revocar su relación contractual.
Fernández, que sigue ocupando sus cargos institucionales y que ayer acudió a la presentación de un plan de empleo del Gobierno de Madrid, anunció la semana pasada que se tomaba un "periodo de reflexión".
Sobre este asunto, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha
afirmado que tomarse un "período de reflexión" no debería ser solo una
opción personal para Arturo Fernández, sino que debería hacerlo también la propia organización.
Para el líder de UGT, si se demuestra que eso es cierto "la situación
es insostenible" y la CEOE, que ya tiene el "antecedente" de su
presidente anterior, Gerardo Díaz Ferrán, debería "generar una dinámica"
para resolver la situación.
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