Una clara mayoría de los ciudadanos se opone a dejar en la cuneta de
la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular. El 64%
rechaza la medida del Gobierno
de impedir a los extranjeros sin permiso de residencia el acceso a la
tarjeta sanitaria y, en consecuencia, a la red pública normalizada,
según un sondeo de Metroscopia elaborado para EL PAÍS.
Esta opinión está en sintonía con la mostrada por el Tribunal Constitucional, que acaba de manifestarse en contra
de la restricción de la cobertura a este colectivo. Un auto hecho
público el lunes (la sentencia definitiva tendrá que esperar) levantó la
suspensión dictada por el Gobierno contra un decreto del País Vasco que
garantizaba la universalidad de la atención en su territorio. Por
encima de eventuales ahorros económicos, sostiene el alto tribunal, se
encuentra el derecho a la salud, a la integridad física de las personas y
el interés de la protección sanitaria de toda la población. Algo muy
parecido a lo que opina la sociedad española, a tenor de los resultados
del sondeo.
La encuesta de Metroscopia —a partir de una muestra de ámbito
nacional de 500 personas— revela que buena parte de las personas
consultadas es contraria a poner trabas a la asistencia a los sin
papeles. Aunque existen claras diferencias en función de la opción
política de los ciudadanos. Entre los votantes del PSOE, el desacuerdo
con la restricción a la asistencia es claro: un 75% no la comparte.
Entre los votantes del PP, la opinión está más dividida. Un 59% apoya la
medida y un 41% no la justifica.
Existe mayor sintonía en otras dos cuestiones. El Constitucional
destaca en el auto la “importancia singular” que tiene en el marco legal
español el derecho a la salud y a la integridad física de las personas a
las que se obstaculiza el acceso a la sanidad. Preguntados por si la
exclusión sanitaria va en contra de los derechos fundamentales de las
personas, la respuesta es contundente: el 77% de españoles así lo cree.
En este caso persisten las diferencias entre partidarios del PP (66%) y
del PSOE (80%).
También hay un sentimiento generalizado de que dejar a los
inmigrantes al margen del sistema —solo se garantiza la atención a
menores, embarazadas y el acceso a los servicios de urgencias— puede
suponer un peligro para la salud pública por obstaculizar el tratamiento
a personas con enfermedades contagiosas. Es lo que cree el 72% de los
consultados. Este argumento, el de evitar riesgos para la salud del
conjunto de la sociedad, también fue empleado por el Constitucional para
justificar el levantamiento de la suspensión del decreto vasco.
Entidades humanitarias como Médicos del Mundo, sin embargo, destacan que
la frecuentación de los servicios de salud entre inmigrantes es más
baja que entre los españoles, ya que, al ser población joven, goza de
mejor salud.
La exclusión de la asistencia normalizada a los extranjeros sin
papeles es uno de los aspectos centrales de la reforma sanitaria que el
Gobierno aprobó en abril. Como el resto de medidas incluidas (copago en
nuevas prestaciones, aumento de la aportación en los medicamentos con
receta) Sanidad lo justifica con las exigencias del control del gasto.
El sondeo también se detiene en esta cuestión. El 54% de los
españoles no considera que la exclusión sanitaria suponga ahorro alguno,
como también puso en duda el Constitucional.
Entre los votantes del PP, un 58% cree que el veto sanitario sí
permitirá controlar el gasto, frente a un 39,2% que opina lo contrario.
Desde que el peaje sanitario entró en vigor,
el pasado mes de septiembre, su aplicación ha sido dispar y caótica.
País Vasco, Andalucía, Cataluña y Asturias atienden a los sin papeles y
no aplican la norma del Gobierno. Comunidad Valenciana, Castilla y León,
Galicia y Navarra han desarrollado procedimientos para seguir
atendiéndolos sin contravenir la norma. El resto sigue la exclusión a
rajatabla, según un informe de Médicos del Mundo.
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