No fueron solo 16.791 las entradas vendidas la noche de Halloween en el Madrid Arena.
Fueron más del doble del aforo permitido en este recinto (en torno a
10.000 personas). Los últimos datos que maneja la investigación sobre la
tragedia elevan a más de 20.000 la cifra de jóvenes a los que se dejó
entrar al pabellón de la Casa de Campo la madrugada del pasado 1 de noviembre, según fuentes de la investigación policial y judicial. El Ayuntamiento de Madrid, que gobierna Ana Botella, esposa del expresidente del Gobierno José María Aznar, es el dueño de este pabellón, que esa noche fue alquilado para la fiesta de Halloween a un conocido empresario de locales de ocio madrileños, Miguel Ángel Flores.
La noche en la que murieron aplastadas por una masa humana cuatro jóvenes (y
una quinta cuya vida se apagó el pasado 29 de noviembre tras un mes
debatiéndose entre la vida y la muerte en el hospital de la Princesa),
hubo “una reventa masiva” de entradas, aseveran los citados medios. Es
decir, una misma entrada o tique se vendía una o dos veces.
La policía, mediante las imágenes de las cámaras de seguridad del recinto,
está tratando de definir cuántas personas entraron aproximadamente en
el Madrid Arena la noche de Halloween. Aun están en ello los agentes.
Sin embargo, numerosos testigos, e incluso víctimas leves del tumulto,
han declarado, a lo largo de los seis tomos que ocupa ya el sumario, que
los porteros de la fiesta echaban en cajas las entradas que ellos les
facilitaron. Llenaron seis cajas. Y sucedió algo muy llamativo. A la
comisión judicial que contó una por una las entradas de las cajas, para
ver cuántas se habían vendido, les llamó la atención que prácticamente todas ellas estaban enteras, sin cortar.
Es decir, los jóvenes entregaban sus tiques pero los porteros tenían
orden de no facilitarles el oportuno resguardo, como se hace, por
ejemplo, en los cines. Las pesquisas apuntan a que esas entradas sin
cortar se recogían por un lado y se ponían a la venta por otro,
intactas, y al mismo precio. Todo indica a los investigadores que se
confeccionaron menos entradas que jóvenes asistentes. Y que se vendieron
como nuevas entradas las ya usadas a los jóvenes que llegaban al
complejo sin ellas. El sistema de lectura óptica de la empresa que
vigilaba las entradas solo ratificaba que no eran falsas pero no si se
repetían.
“Les pedimos el resguardo de la entrada, por gusto, para tenerlas como recuerdo de que habíamos visto a Steve Aoki, pero nada, se negaban y las echaban en un cubo grande”, según manifestaciones de testigos que constan en el sumario.
Todo ello, unido a testimonios y a las imágenes que están arrojando
las cámaras de seguridad, han llevado a pensar a los investigadores que
aquella noche el aforo fue mucho más elevado que el que indica el
recuento que hizo el juez sobre las urnas oficiales. Una de las
funciones de la policía municipal, casi inexistente esa día en el Madrid
Arena, era vigilar que no hubiese reventas. Pero las hubo. “El exceso
de aforo fuera esa noche descomunal, una auténtica salvajada”, sostienen
fuentes de la investigación.
El instructor de las cinco muertes por imprudencia de las jóvenes Rocío, Belén, Katia, Teresa y Cristina, el magistrado Eduardo López Palop,
ha dictado un auto en el que demanda al consistorio madrileño toda una
batería de diligencias. Además, en la resolución imputa a otras siete
personas, aparte de las cuatro ya inculpadas. Entre los siete nuevos
encausados se hallan el hermano del organizador del espectáculo, José
María Flores; el gerente del pabellón Madrid Arena, Jorge Rodrigo, y
Rafael Pastor, máximo responsable de seguridad del recinto. Todo ellos
tendrán que declarar ante el juez a partir del 15 de enero. Ya son,
pues, once los inculpados a raíz de esta tragedia. El de mayor rango
político es, de momento, Pedro Calvo,
concejal de Economía y, por ende, presidente de la sociedad que
gestiona el pabellón. Calvo dimitió días después del siniestro, pero
mantiene el acta de concejal. También se indaga, aunque aun no está
imputado, la responsabilidad del concejal responsable de la Policía
Municipal, Antonio de Guindos.
Entre los no políticos, la principal acusación se cierne sobre el promotor y organizador del evento, Miguel Ángel Flores,
dueño de varias discotecas y considerado por la policía como el rey de
las megafiestas del ocio madrileño. Ya compareció ante el juez López
Palop el 21 de noviembre. Pero lo hizo para echarle la culpa de lo
ocurrido al Ayuntamiento. Su estrategia es el que el Ayuntamiento no
desplazó suficientes policías municipales al recinto esa noche y que, si
lo hubiera hecho, los agentes habrían podido controlar, según él, la
zona exterior y evitado el botellón que se celebró en el parking del
recinto y que degeneró en una turba de jóvenes “superborrachos” que
irrumpieron en la fiesta forzando puertas.
Flores habló de entre 3.000 y 4.000 jóvenes, y dejó entrever que
mucho de ellos se colaron sin entrada. Si todo el Madrid Arena fuera un
espacio único para un gran concierto con todo el mundo en pie podrían
caber hasta 21.020 personas agolpadas, según datos oficiales. Las
pesquisas en marcha apuntan un aforo posible incluso más alto. No obstante, la versión de Flores de que la causa del desastre fue el botellón
ha quedado parcialmente desmentida por las imágenes, ofrecidas por EL
PAÍS, de las cámaras de seguridad. Esas imágenes reafirman que el
detonante de la estampida humana que provocó las muertes de las cinco
chicas por aplastamiento fue la irrupción en la pista central, ya
atestada, de los jóvenes del botellón, guiados allí directa e
incomprensiblemente por los guardias de seguridad de la empresa privada
contratada por Diviertt, la empresa de Flores.
Miguel Ángel Flores es el principal investigado como responsable
directo de la tragedia, a juzgar por el contenido y pruebas que obran en
el sumario. Por eso, tendrá que volver a declarar ante el juez López
Palop después de los próximos Reyes Magos. En su primer interrogatorio,
los investigadores desconocían la cifra de asistentes. Ahora siguen a la
espera del informe policial. Fuentes de la investigación precisan que
ese informe tampoco arrojará cifras exactas, sino un número aproximado
de las personas que había por metro cuadrado en el momento en que se
hace la toma de cada imagen. Sin contar con que no todas las cámaras
funcionaban y con que se produjo un flujo constante de entradas y
salidas durante el evento.
Sobre Miguel Ángel Flores pende cinco homicidios por imprudencia y
otros muchos de lesiones graves, que podrían acarrear penas superiores a
los diez años. El juez le ha impuesto, hasta el momento, la obligación
de comparecer en sede judicial dos veces al mes, y tampoco puede
abandonar España. Otra medida contundente que ha adoptado el magistrado
ha sido pedir al Ayuntamiento las grabaciones de las comunicaciones
telefónicas de los vigilantes de seguridad del recinto, los de Seguriber,
contratados por el Ayuntamiento. Son los que custodian el pabellón todo
el año y que ese día se limitaron a vigilar el exterior y dejaron la
seguridad interna en manos de personas sin autorización (entre ellos,
muchos porteros de discotecas) contratadas por el propio Flores.
Lo que busca el juez es saber qué hablaron los vigilantes del
pabellón entre los pasados 31 de octubre, noche de la fiesta, y 20 de
noviembre (es decir, durante las tres semanas siguientes a la tragedia).
Y también quiere saber qué ocurrió con las entradas.
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