La ley establece que se tomarán las huellas delictivas de las personas procesadas por la Justicia, muestras en el lugar delictivo, extracciones dispuestas por el Juez, y muestras a personal del Ministerio del Interior y de Defensa Nacional determinadas por la reglamentación de la Ley.
Pagano relató que el primer paso será tomar muestras a todos los procesados y condenados por la Justicia. Hay distintos tipos de toma de muestra; con los procesados se tomará una muestra de saliva. Su costo se encuentra entre los 30 y 40 dólares. El Estado podrá adquirir los reactivos sin impuestos de importación. Los costos aumentan si, por ejemplo, se toman muestras óseas, explicó.
En el laboratorio se obtendrá un código de números único para cada persona, denominado perfil genético. La estrategia para tomar las muestras aún está por definirse, pero Pagano considera que los primeros candidatos son las personas que están por cumplir su pena. Para eso se capacitará al personal de los centros de rehabilitación de todo el país.
Esas muestras se guardarán en un sobre sellado con su nombre y código correspondiente. Las licitaciones para adquirir los materiales necesarios ya están en marcha. Actualmente lideran el proyecto Cinthia Pagano y Natalia Sandberg. Será necesaria la instalación de un laboratorio para analizar las muestras, además de la incorporación de técnicos.
En la región, existe un banco genético en Chile, instalado este año, pero trabajan con muestras de personas procesadas por delitos de homicidio y violación. Pagano subrayó el nivel de inversiones chileno en el proyecto, que ya les brindó muy buenos resultados.
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