El Cairo, 25 sep (PL) El tribunal que juzga al expresidente egipcio Hosni Mubarak suspendió el proceso hasta el 30 de octubre, luego que abogados de víctimas solicitaron la recusación del juez principal, Ahmed Refaat, confirmaron hoy fuentes judiciales.
La decisión de la Corte Penal de El Cairo obedeció a un recurso presentado por los letrados que defienden a familiares de los más de 850 muertos por la represión de las fuerzas de seguridad de Egipto durante las protestas populares que derrocaron a Mubarak.
Varios juristas fueron vetados de acceder el sábado a la sala habilitada en la Academia de Policías de esta capital, presuntamente porque llegaron tarde, y ello les impidió escuchar y confrontar el testimonio del exministro de Defensa Mohamed Hussein Tantawi.
Tantawi, a quien Mubarak transfirió el poder el 11 de febrero en su condición de jefe del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA), declaró ayer a puerta cerrada durante poco más de una hora, pero sin ser interrogado por abogados que consideraban crucial su testimonio.
Los letrados responsabilizaron a Refaat y otros jueces de impedirles participar de la vista y solicitaron al tribunal que sean apartados del proceso, petición que inicialmente se dijo sería respondida el 26 de septiembre, pero este domingo se aplazó para el 30 de octubre.
Docenas de letrados demandantes presentaron la moción de recusación y anunciaron un plantón en la Corte para quejarse también de que a los que pudieron entrar al juicio sólo les fue permitido hacer una pregunta a Tantawi, quien fuera titular de Defensa durante los últimos 20 años.
Según trascendió, el gobernante de facto de Egipto contestó 10 preguntas formuladas por el abogado del exministro del Interior Habib El-Adli, quien es procesado junto a Mubarak, los dos hijos de éste, Alaa y Gamal, y seis oficiales de seguridad de alto rango.
A todos se les acusa de haber dispuesto disparar y, en consecuencia, matar a más de 850 manifestantes que protestaron del 25 de enero al 11 de febrero pasados y provocaron el derrocamiento del anterior régimen.
Hasta ahora prestaron declaración varios responsables de las Fuerzas Centrales de Seguridad que ordenaron a la policía egipcia reprimir las manifestaciones, sobre todo el 28 y 29 de enero, los dos días más mortíferos de los 18 que duraron las revueltas.
Sin embargo, la mayoría de los testigos exculpó a Mubarak y El-Adli de haber dado dicha orden, aunque con versiones de dudosa credibilidad que llevaron al juez a imputar a algunos el delito de perjurio por haber cambiado sus testimonios iniciales.
La decisión de la Corte Penal de El Cairo obedeció a un recurso presentado por los letrados que defienden a familiares de los más de 850 muertos por la represión de las fuerzas de seguridad de Egipto durante las protestas populares que derrocaron a Mubarak.
Varios juristas fueron vetados de acceder el sábado a la sala habilitada en la Academia de Policías de esta capital, presuntamente porque llegaron tarde, y ello les impidió escuchar y confrontar el testimonio del exministro de Defensa Mohamed Hussein Tantawi.
Tantawi, a quien Mubarak transfirió el poder el 11 de febrero en su condición de jefe del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA), declaró ayer a puerta cerrada durante poco más de una hora, pero sin ser interrogado por abogados que consideraban crucial su testimonio.
Los letrados responsabilizaron a Refaat y otros jueces de impedirles participar de la vista y solicitaron al tribunal que sean apartados del proceso, petición que inicialmente se dijo sería respondida el 26 de septiembre, pero este domingo se aplazó para el 30 de octubre.
Docenas de letrados demandantes presentaron la moción de recusación y anunciaron un plantón en la Corte para quejarse también de que a los que pudieron entrar al juicio sólo les fue permitido hacer una pregunta a Tantawi, quien fuera titular de Defensa durante los últimos 20 años.
Según trascendió, el gobernante de facto de Egipto contestó 10 preguntas formuladas por el abogado del exministro del Interior Habib El-Adli, quien es procesado junto a Mubarak, los dos hijos de éste, Alaa y Gamal, y seis oficiales de seguridad de alto rango.
A todos se les acusa de haber dispuesto disparar y, en consecuencia, matar a más de 850 manifestantes que protestaron del 25 de enero al 11 de febrero pasados y provocaron el derrocamiento del anterior régimen.
Hasta ahora prestaron declaración varios responsables de las Fuerzas Centrales de Seguridad que ordenaron a la policía egipcia reprimir las manifestaciones, sobre todo el 28 y 29 de enero, los dos días más mortíferos de los 18 que duraron las revueltas.
Sin embargo, la mayoría de los testigos exculpó a Mubarak y El-Adli de haber dado dicha orden, aunque con versiones de dudosa credibilidad que llevaron al juez a imputar a algunos el delito de perjurio por haber cambiado sus testimonios iniciales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario