Hay ocasiones en las que los poderosos deberían entender que, a veces, los débiles ganan. Es la bíblica y reiterada historia de David y Goliat, aunque no se repita con la frecuencia que uno desearía. De nuevo ha vuelto a ocurrir, o está ocurriendo todavía, porque no es definitivo, en un caso que enfrenta a 30.000 indígenas de la amazonía ecuatoriana con la petrolera Chevron.
El caso lleva ya 20 años en los tribunales. La petrolera Texaco explotaba desde los años 60 del siglo pasado una serie de yacimientos petrolíferos en la región amazónica de Sucumbios, en Ecuador. Para ahorrarse costos (se calcula que se ahorró unos 20.000 millones de dólares) Texaco, en vez de establecer un plan que evitara la contaminación, construyó centenares de balsas en torno a los pozos en las que iba arrojando todo tipo de residuos, químicos y derivados de alto poder contaminante.
Todos esos elementos se fueron filtrando o fueron rebosando las balsas, contaminando la tierra y las aguas en una vasta zona, afectando mortalmente a numerosos poblados. Al menos un par de pueblos, de grupos étnicos ecuatorianos, desaparecieron al verse completamente aniquilado su espacio vital, su medio ambiente, sus fuentes de alimento y subsistencia. Miles de indígenas fueron contrayendo todo tipo de enfermedades
Se calcula que la contaminación generada por Texaco fue 30 veces mayor que la que originó el hundimiento del Exon Valdez, mayor que la devastación generada por la explosión de Chernobil o que cualquier otro desastre ambiental conocido, salvo quizás el desastre de Bhopal, en La India, causado por otro poderosa compañía estadounidense en los años ochenta, Dow Chemical.
Chevron, tercera empresa estadounidense en cuanto a su valor, absorbió a Texcaco, pero no quiso asumir la demanda que pesaba sobre ésta compañía. Con toda una legión de abogados a su servicio, Chevron inició un largo y costoso pleito, confiando en su capacidad para eludir su responsabilidad y las indemnizaciones correspondientes.
La primera victoria judicial de Chevron fue lograr que los jueces estadounidenses aceptaran que la demanda que se había planteado por el colectivo de afectados ecuatorianos en Estados Unidos hubiera de trasladarse a Ecuador, ya que allí se habían registrado los hechos. La empresa confiaba en que en territorio ecuatoriano tendría más sencillo corromper a los jueces y que el pleito se decantara a su favor. Pero no contó con que en ocasiones hay jueces que no se dejan corromper. Ese fue el caso del juez de la localidad ecuatoriana de Lago Agrio.
Quien tras el juicio correspondiente condenó a Chevron a pagar 18.000 millones de dólares a los afectados. Para entonces, Chevron se había retirado de Ecuador y no había bienes de la compañía contra los que ejecutar la sentencia, así que los afectados reclamaron el embargo de bienes de Chevron en Estados Unidos.
Un juez de Nueva York decidió, sin apenas conocer ni estudiar el caso que la reclamación y posible embargo debía hacerse contra los bienes de Chevron en Ecuador, que ya no existían. Pero la corte de apelaciones de Nueva York acaba de fallar a favor del recurso de los afectados para que la sentencia pueda ejecutarse contra cualquier bien de Chevron, incluidas sus posesiones en Estados Unidos.
Aunque la sentencia del juez de Lago Agrio está recurrida por la empresa estadounidense, todo indica que tarde o temprano se verá obligada a indemnizar a los afectados. De nada habrán servido sus tácticas torticeras de achacar las enfermedades y muertes originadas a “que los indígenas no tienen buenas prácticas de higiene” o que el “el petróleo y los derivados y los desechos de su explotación no contaminan”, o que la demanda había sido interpuesta “por una organización vinculada al crimen organizado”. Tampoco habrán servido, más allá de para dilatar en el tiempo la reparación del daño causado, los casi mil millones de dólares gastados en bufetes de prestigiosos abogados estadounidenses.
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