Agencia de Noticias Nueva Colombia (ANNCOL.info)
Existen los países llamados abolicionistas, que han prohibido la pena de muerte por todos los delitos, otros países reciben el nombre de abolicionistas por crímenes ordinarios, que aplican la pena de muerte en caso de crímenes excepcionales, existen los abolicionistas prácticos, cuya constitución contempla la pena de muerte pero la han dejado de aplicar paulatinamente. Existen países que ejecutan, en un 91% de los casos, la pena capital, ese honor, lo comparten de su orden, los EEUU, China, Irak, Irán, Pakistán y Sudan.
Entre estas categorías de países no figura Colombia, pero debería. Aquí se aplica la pena de muerte de oficio, o sumaria. Es suficiente con que un funcionario público, miembro de las FFMM (policía, DAS, ejercito, etc.) se levante mal dormido, o reciba recompensas, o mate por encargo, para que alguien se muera, en una aplicación sistemática de la pena de muerte.
Al joven grafitero Diego Felipe Becerra le aplicaron la ley de fuga, sin fugarse. Un policía le disparó al joven, quien portaba en su mano un aerosol de pintura, para sus grafitis callejeros, sin estar armado. Por el sólo hecho de correr, la policía lo ejecutó sumariamente.
No contenta la institución policial con matar al joven, manipula la escena del crimen, arman una coartada para garantizarse la impunidad, amenazando a los presentes, interrogando sin orden judicial como lo han denunciados los amigos y vecinos del grafitero. La policía colombiana es una policía criminal.
Cuántos estudiantes han perecido, en protestas callejeras, por las balas asesinas disparadas desde las tanquetas del SMAD.
Al joven Diego Felipe Becerra le aplicaron la pena de muerte, y lo peor, es que la misma institución hace todo por que su muerte quede en la impunidad.
No se trata de un policía, manzana podrida al interior de la institución, no. Se trata de una práctica cotidiana que se ha legitimado desde el régimen, con sus famosas recompensas y condecoraciones-medallas al valor, que llevaron a las ejecuciones sumarias, mal llamadas falsos positivos.
La patente de corso del funcionario público, matando en total impunidad es una política de Estado. Y cada vez esta práctica aumenta, estos funcionarios pagados con el erario público, es decir con nuestros impuestos, llamados supuestamente a proteger la ciudadanía, cuando en realidad son sus principales victimarios, siguen campantes matando a diestra y siniestra.
Las víctimas de esta pena de muerte, son los jueces, como la jueza Gaona en Arauca que se atrevió a investigar a un militar, por la muerte y violación de niños, esos mismos militares la mataron, y el presidente en persona, salió a engañar a la opinión pública, con la supuesta captura de los responsables, cuando en realidad, los culpables siguen sin ser judicializados. Las víctimas son los sindicalistas, 22 asesinados durante el primer año del gobierno santos. Opositores políticos, dirigentes de desplazados, testigos de masacres, testigos de corrupción, a esos se les aplica la pena de muerte, unos para garantizar el statu quo y a los otros, para garantizar el silencio y la impunidad.
Llamemos las cosas por su nombre, en Colombia se aplica la pena de muerte con la venia del régimen oligárquico.
Necesitamos que los culpables de esta ejecución sumaria, contra la persona de un joven colombiano sean judicializados, junto con los que intentaron ocultar la verdad y sobre todo, aquellos que alteraron los hechos.
No más impunidad
No más aplicación de la pena de muerte en Colombia.
Entre estas categorías de países no figura Colombia, pero debería. Aquí se aplica la pena de muerte de oficio, o sumaria. Es suficiente con que un funcionario público, miembro de las FFMM (policía, DAS, ejercito, etc.) se levante mal dormido, o reciba recompensas, o mate por encargo, para que alguien se muera, en una aplicación sistemática de la pena de muerte.
Al joven grafitero Diego Felipe Becerra le aplicaron la ley de fuga, sin fugarse. Un policía le disparó al joven, quien portaba en su mano un aerosol de pintura, para sus grafitis callejeros, sin estar armado. Por el sólo hecho de correr, la policía lo ejecutó sumariamente.
No contenta la institución policial con matar al joven, manipula la escena del crimen, arman una coartada para garantizarse la impunidad, amenazando a los presentes, interrogando sin orden judicial como lo han denunciados los amigos y vecinos del grafitero. La policía colombiana es una policía criminal.
Cuántos estudiantes han perecido, en protestas callejeras, por las balas asesinas disparadas desde las tanquetas del SMAD.
Al joven Diego Felipe Becerra le aplicaron la pena de muerte, y lo peor, es que la misma institución hace todo por que su muerte quede en la impunidad.
No se trata de un policía, manzana podrida al interior de la institución, no. Se trata de una práctica cotidiana que se ha legitimado desde el régimen, con sus famosas recompensas y condecoraciones-medallas al valor, que llevaron a las ejecuciones sumarias, mal llamadas falsos positivos.
La patente de corso del funcionario público, matando en total impunidad es una política de Estado. Y cada vez esta práctica aumenta, estos funcionarios pagados con el erario público, es decir con nuestros impuestos, llamados supuestamente a proteger la ciudadanía, cuando en realidad son sus principales victimarios, siguen campantes matando a diestra y siniestra.
Las víctimas de esta pena de muerte, son los jueces, como la jueza Gaona en Arauca que se atrevió a investigar a un militar, por la muerte y violación de niños, esos mismos militares la mataron, y el presidente en persona, salió a engañar a la opinión pública, con la supuesta captura de los responsables, cuando en realidad, los culpables siguen sin ser judicializados. Las víctimas son los sindicalistas, 22 asesinados durante el primer año del gobierno santos. Opositores políticos, dirigentes de desplazados, testigos de masacres, testigos de corrupción, a esos se les aplica la pena de muerte, unos para garantizar el statu quo y a los otros, para garantizar el silencio y la impunidad.
Llamemos las cosas por su nombre, en Colombia se aplica la pena de muerte con la venia del régimen oligárquico.
Necesitamos que los culpables de esta ejecución sumaria, contra la persona de un joven colombiano sean judicializados, junto con los que intentaron ocultar la verdad y sobre todo, aquellos que alteraron los hechos.
No más impunidad
No más aplicación de la pena de muerte en Colombia.
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