Cualquiera sea su resultado final, el movimiento estudiantil está provocando un despertar de la sociedad chilena. Al esclarecer lo cavernario del sistema educacional actual y su vinculación con el conjunto del sistema económico-social impuesto a sangre y fuego por la dictadura y consolidado pacíficamente por el liderazgo de la Concertación, está permitiendo que la sociedad chilena tome conciencia de su realidad.
De que vivimos en una falsa democracia, en que la orientación efectiva del sistema político, social y cultural la realizan unos pocos grandes grupos económicos y no las grandes mayorías nacionales.
Es más, este movimiento ha comenzado a develar que el orden político-institucional es irreformable desde dentro y que para que el pueblo pueda establecer el sistema educativo que quiere (y el laboral, previsional, de salud, etc.) requiere, en definitiva, de un plebiscito o de una asamblea constituyente que, por cierto, no están contemplados en la Constitución impuesta en su momento por Pinochet y hoy suscrita –luego de algunas modificaciones- por ¡Ricardo Lagos!
Así, el movimiento estudiantil, además de poner en entredicho al liderazgo binominal (aliancista-concertacionista) ha trizado el monopolio comunicacional gestado por aquel, de modo que hoy podemos saber que el sistema universitario chileno es el más caro del mundo para los grupos familiares; que Chile es prácticamente el único país del mundo que tiene educación pública universitaria pagada (de allí que miles de jóvenes chilenos van a estudiar a Argentina o Uruguay); que el negocio universitario permite en pocos años establecer imperios de millones de dólares (como lo vimos en el caso de Rocha); que las deudas por concepto de educación universitaria representan –además de un pingüe negocio para el sistema financiero- una carga agobiante para el patrimonio de centenares de miles de familias y de futuros profesionales; que de cerca de un millón de estudiantes el 40% deserta sin finalizar sus estudios quedando de todas formas con voluminosas deudas, y que de la cantidad restante el 60% termina trabajando en labores no correspondiente a sus carreras; que el Estado ha terminando brindando un exigüo aporte al financiamiento de las universidades públicas; y que la “industria” universitaria privada representa el tercer rubro de mayor avisaje publicitario alcanzando la suma de 60 millones de dólares anuales.
Esto último ha tenido efectos tan monstruosos que una propia líder de extrema derecha como Evelyn Matthei, que cuando era senadora hace tres años planteó en un libro una dura crítica al hecho –aceptado completamente por la dirigencia concertacionista- de que las universidades privadas desarrollaban el lucro violando desfachatadamente la ley, acaba de denunciar -siendo hoy ministra-, ¡que no pudo conseguir prácticamente ningún medio de comunicación de envergadura que comunicara sus denuncias!
Asimismo, el movimiento estudiantil ha servido para que la población comience a darse cuenta del extremo grado de subordinación a que llegó el liderazgo concertacionista respecto a la derecha económica y a las Fuerzas Armadas en sus 20 años de gobierno. Por cierto, a ello ha ayudado la revelación de escándalos como la colusión de las grandes cadenas de farmacias; las exacciones de La Polar; las irregularidades de Hidroaysén; la profusión de plantas termoeléctricas contaminantes en la década pasada; y, sobre todo, la toma de conciencia de la pérdida de decenas de miles de millones de dólares por las políticas desnacionalizadoras del cobre diseñadas por la dictadura e implementadas por los gobiernos de la Concertación.
Incluso, ya se está percibiendo que cuando los gobiernos de la Concertación obtuvieron mayoría parlamentaria en ambas cámaras (Lagos, entre agosto de 2000 y marzo de 2002 por los desafueros combinados de Pinochet y Errázuriz; y Bachelet, desde sus inicios hasta más de dos años después) no solo no hicieron ninguna transformación de la ley de universidades, sino tampoco de las leyes laborales y sindicales; de las leyes previsionales; de las leyes de salud; de las leyes tributarias; del sistema financiero; de la ley de amnistía; de la ley antiterrorista; etc.
Todo lo anterior está llevando a que significativos y crecientes sectores de la población hayan perdido toda confianza en ambas “coaliciones binominales”. De tal manera que persistentes encuestas indican que ya una gran mayoría de la población no se siente identificada ni con la Concertación ni con la Alianza. Y que lo están expresando progresivamente en manifestaciones públicas convocadas al margen de las directivas políticas y donde son muy minoritarios los emblemas que los identifican.
Naturalmente que el paso siguiente será –más temprano o más tarde- la constitución de un amplio movimiento socio-político -efectivamente de centroizquierda- que tenga como finalidad principal e irrenunciable el reconocimiento al conjunto del pueblo chileno de su derecho fundamental e inalienable de elaborar y aprobar una Constitución democrática para nuestro país que permita posteriormente el establecimiento de estructuras y el diseño de políticas económicas que generen grados cada vez mayores de justicia social.
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