La Confederación Española de Policía (CEP) y el Sindicato Profesional de Policía (SPP) han denunciado este jueves conjuntamente que sus agentes están recibiendo "amenazas directas de muerte" y están siendo perseguidos a través de internet por los colectivos laicistas que se manifestaron la semana pasada en la Puerta del Sol contra la visita del Papa a España.
A través de un comunicado, los dos sindicatos, mayoritarios en la representación de todas las escalas en el Consejo de Policía y con más de 31.000 afiliados, anuncian que han presentado una denuncia y han emprendido las acciones legales pertinentes por "amenazas de muerte e intentos de localizar los datos personales sobre identidades y domicilios de varios miembros de la Unidad de Intervención Policial" que formaron parte del dispositivo desplegado en las calles de Madrid durante la Jornada Mundial de la Juventud.
Aseguran que se trata de "una auténtica caza al policía" que incluye la comisión de delitos como "injurias", "calumnias" e incluso "amenazas de muerte", en las que se incita a dar "tiros en la cabeza" de varios agentes que participaron en el dispositivo de seguridad.
Críticas a la delegada
A su juicio, "la única responsable de todo lo ocurrido es la delegada del Gobierno en Madrid, quien, desoyendo los informes de los responsables policiales, técnicos de seguridad bajo su mando, autorizó la manifestación laica por una ruta desaconsejada, a sabiendas de que podrían ocurrir incidentes".
Por eso, los sindicatos policiales piden investigar la actuación de la delegada del Gobierno "dada su natural tendencia a eludir responsabilidades" ante lo que definen como una "caótica y lamentable gestión".
También cargan contra el Ministerio del Interior por "negar su apoyo" a los agentes y porque hace cinco suscribió un acuerdo con la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) para que los periodistas usasen petos identificativos y acreditaciones oficiales en las manifestaciones pero "no se ha desarrollado este acuerdo".
Este miércoles, el director general de la Policía y de la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, ordenó incoar expediente disciplinario por falta grave por haberse extralimitado en sus funciones a tres de los agentes que participaron en esos hechos, que se exponen a una sanción de entre cinco días y tres meses de suspensión de funciones.
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