Este 27 de junio, 38 años después del golpe de Estado, representantes de la organización Hijos se presentarán en la Torre Ejecutiva, a las 12 horas, para entregar una "petición administrativa", donde solicita al Poder Ejecutivo revocar, con efecto retroactivo, todas las disposiciones por las cuales se declaró bajo el amparo de la Ley Nº 15.848, "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado", casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, según los artículos 1 y 3. Según información manejada por Presidencia de la República, serían 88 los actos administrativos de amparo desde la aprobación de la Ley en diciembre de 1986.
Valentín Enseñat, de Hijos, sostuvo que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la causa "Gelman vs Uruguay", por la cual se condenó al Estado uruguayo y se recomienda "dejar sin efecto" la Ley de Caducidad, es el argumento perfecto para que el Estado asuma su responsabilidad y derogue esos actos administrativos.
Señaló que el petitorio no tiene en cuenta la supuesta prescripción de los delitos que comenzaría a regir en noviembre. "Hay otros juristas muy destacados que sostienen que el plazo de la prescripción que se maneja no es correcto", explicó Enseñat.
Senadores presentaron otro petitorio
Por otra parte, el pasado 17 de junio, varios senadores del FA elevaron una solicitud a Presidencia solicitando copia de los 88 casos amparados en la Ley de Caducidad desde diciembre del 86.
La intención de los senadores es obtener copia de los expedientes para promover después una solicitud de derogación de los mismos, como ya aconteció en el caso de Álvaro Balbi, cuando se derogó el amparo administrativo a solicitud de la viuda.
Al trascender la solicitud de los senadores, el secretario de la Presidencia, Alberto Bresccia dijo que el Ejecutivo está trabajando en la recopilación de esa información.
La comisión especial del Frente Amplio para el estudio de mecanismos para dejar sin efecto la Ley de Caducidad, volverá a sesionar hoy para seguir avanzando en la búsqueda de consensos.
La senadora Mónica Xavier explicó que se buscan los mayores consensos para terminar con la impunidad.
Cuando la comisión llegue a los consensos necesarios sobre los mecanismos para lograrlo, se trasladarán al Ejecutivo las medidas que correspondan a su jurisdicción.
Xavier dijo que coinciden con el pedido de Hijos, y consideró que se pueden dar dos variantes que no se excluyen. Por un lado una derogación administrativa de todos los actos para que no quede ninguno excluido, y una derogación a pedido caso por caso.
Desde Presidencia se ha sostenido estar dispuestos a recorrer el camino de la derogación de los actos administrativos, aunque se consideraba si era un acto genérico o caso por caso, para evitar pasar por encima de familias que no quieran recorrer ese camino.
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