El Gobierno vasco ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Cambio Climático, un documento pionero en España que reúne una serie de principios y orientaciones para que las administraciones públicas incorporen la variable ambiental y climática a todos sus planes sectoriales.
El proyecto, presentado por la consejera vasca de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, Pilar Unzalu, es el primer documento normativo sobre esta materia que existirá en España y tan sólo cuenta con un antecedente similar en Escocia dentro de Europa.
El proyecto establece principios y orientaciones para que todas las administraciones públicas, como ya están haciendo las empresas, se comprometan a incorporar la variable ambiental y climática a todos sus planes sectoriales, sean de transporte, vivienda, medio ambiente, industria, educación, innovación, planificación urbanística y territorial, entre otros.
Unzalu ha explicado que el objetivo es que cada administración estimule el uso de tecnologías bajas en carbono, aumente la formación y la concienciación sobre el cambio climático y se promuevan nuevos hábitos de consumo.
La consejera ha destacado que este proyecto surge en un contexto internacional en el que se está subrayando la importancia de adoptar medidas para reducir las emisiones a la atmósfera de los gases efecto invernadero.
En concreto el Consejo Europeo acordó en 2007 reducir las emisiones en un 20% con respecto a 1990, cubrir el mismo porcentaje de las necesidades energéticas con fuentes de origen renovable y aumentar el 20% la eficiencia energética, todo ello para 2020.
En Euskadi, ya en el año 2009 las emisiones se situaban sólo un 6% por encima de las del año de referencia (1990) y se redujeron un 10% con respecto al año anterior, un porcentaje muy superior a la contracción del 3,8 que experimentó el PIB en ese año, ha recordado Unzalu, quien ha destacado que desde 2002 el crecimiento económico ha dejado de estar ligado al consumo de energía.
La consejera ha destacado que el proyecto se basa en la corresponsabilidad no sólo de las instituciones, sino también de sociedad en general y de la industria, porque "una empresa sin una 'huella de carbono' baja va a ver comprometido su futuro por la competencia a la vista del precio de los combustibles y de los derechos de emisión".
Unzalu ha recordado que según las estimaciones de los expertos, Euskadi emite a la atmósfera 21 millones de toneladas de gases al año y se considera que cada tonelada tiene una repercusión económica de 16 euros, por lo que la reducción de las emisiones supondrá un ahorro para las industrias y la sociedad.
En este sentido, el proyecto contempla los "presupuestos de carbono" para las administraciones, un concepto que definirá la cantidad de gases efecto invernadero que puede emitir el País Vasco, con mecanismos para no sobrepasar el límite.
El texto establece que las administraciones y entes públicos deberán elaborar programas de reducción de gases de efecto invernadero e incorporar medidas de eficiencia energética, uso de renovables, movilidad sostenible o potenciación de lo conocido como "compra pública verde".
El Gobierno vasco pretende promover esta contratación que actualmente representa un 16% del PIB del País Vasco, integrando criterios ambientales en los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos.
También se hace referencia a la edificación y rehabilitación de viviendas, que deberán incluir medidas de ahorro energético y el uso de fuentes de energía bajas en carbono.
El proyecto también emplaza a los ayuntamientos a elaborar un plan de prevención de la contaminación lumínica.
Unzalu ha explicado que una vez que el Parlamento Vasco apruebe la ley, el Gobierno elaborará los reglamentos pertinentes para el desarrollo de los planteamientos generales en ámbitos como el transporte, la energía y la vivienda, entre otros.
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