El gobierno chileno acaba de adoptar el convenio UPOV 91 que fortalece y extiende el control y los privilegios de los poseedores de patentes biogenéticas.
La UPOV, Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, es una asociación de empresas centradas en el ámbito de la investigación biogenética cuyo principal impulsor y cabeza visible es la empresa Monsanto.
La decisión de adoptar este convenio ha sido acogida con masivas protestas callejeras que han sacado a miles de personas a la calle. El motivo: la percepción de que la norma aprobada por el gobierno de Piñera constituye la última de una serie de agresiones contra los agricultores, la privatización última de las semillas y el maltrato al pequeño y mediano agricultor frente a los latifundistas y las empresas que recurren a la propiedad intelectual para reprimir la competencia.
Junto a las manifestaciones masivas, un grupo de senadores de la oposición planea llevar al Tribunal Constitucional la medida adoptada por el gobierno, lo cual anticipa un proceso quizá bastante larga en las cortes chilenas
Las protestas no tienen pues el carácter de recelo contra los transgénicos que uno está acostumbrado a ver en ciertos sectores de la población europea, sino en algo mucho más básico y fundamental: la libertad para trabajar la tierra y cultivar semillas, el hecho de que una mínima manipulación genética hecha sobre la inabarcable (desde el punto de vista del diseño ab initio) del genoma de una planta la que sea no puede darle derecho a nadie a poseer el derecho exclusivo.
En el fondo, el debate de los últimos años en numerosos ámbitos y en todas partes es siempre el mismo: ¿hasta qué punto la propiedad intelectual es útil? ¿No es hace años más una lacra y una rémora del pasado que algo que ayude a mejorar las vidas incentivando la innovación? En el caso de las patentes genéticas, sabemos que las patentes reducen hasta un 30% el conocimiento generado
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