Amnistía Internacional (AI) ha asegurado que al menos 840 personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad durante las protestas multitudinarias que concluyeron el pasado mes de febrero con el derrocamiento del ex presidente Hosni Mubarak y ha reclamado a las autoridades egipcias que garanticen la justicia para "todas las víctimas" de la represión.
La organización de Derechos Humanos ha presentado esta semana un nuevo informe sobre los homicidios, detenciones y torturas perpetrados por las fuerzas de seguridad con motivo de la llamada Revolución del 25 de enero.
El documento se publica dos días antes de que comience el juicio contra el entonces ministro del Interior, Habib el Adli, por cargos relacionados con la muerte de manifestantes. Amnistía Internacional ha presentado sus conclusiones a la Fiscalía para que sirvan de apoyo a las investigaciones sobre las violaciones de Derechos Humanos.
En su informe, Amnistía valora positivamente que las autoridades egipcias hayan empezado a exigir la rendición de cuentas de algunos de los presuntos responsables de graves violaciones de los Derechos Humanos, dado que el enjuiciamiento de altos cargos públicos presuntamente responsables de un uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos "es un primer paso fundamental".
No obstante, prosiguió, la respuesta de las autoridades "debe ir mucho más lejos", ya que las familias de las víctimas o las personas que resultaron gravemente heridas o sufrieron detenciones arbitrarias o torturas a manos de la Policía y del Ejército tienen derecho a que se les proporcione "la verdad sobre lo ocurrido, una reparación adecuada y garantías de que todos los responsables serán procesados".
El informe contiene pruebas sobre el "uso excesivo de la fuerza" y el "desprecio manifiesto de la vida" por parte de las fuerzas de seguridad en su intento por "disolver y reprimir las protestas contra el ex presidente Hosni Mubarak", indicó Amnistía.
Muchos manifestantes, aseguró, murieron como consecuencia de disparos en la parte superior del cuerpo - como la cabeza y el pecho -, lo cual indicaría que las fuerzas de seguridad atacaron "selectivamente a manifestantes que no representaban una amenaza" o, como mínimo, hicieron "un uso absolutamente irresponsable de las armas de fuego". Aparte de los fallecidos, "más de 6.000 personas sufrieron lesiones en las protestas, algunas de carácter permanente", agregó Amnistía.
Pese a que, el pasado 16 de febrero, el ex primer ministro Ahmed Shafiq aseguró que se indemnizaría a los familiares de las personas que habían muerto durante las protestas, Amnistía Internacional considera que las autoridades deben ayudar también a las víctimas de heridas graves e incluso hacerse cargo de los gastos médicos y lamentó, al respecto, que el Gobierno no haya cumplido todavía su compromiso de ayudar a los manifestantes heridos.
Comisión del Gobierno
La comisión designada por el Gobierno egipcio para investigar las protestas hizo público el 14 de abril un resumen de su informe, en el que consideraba responsable al ex ministro del Interior de los homicidios de manifestantes.
Al respecto, aunque las conclusiones generales de la comisión sean "positivas", Amnistía ha lamentado que este organismo no haya publicado una lista completa de las personas que perdieron la vida en las manifestaciones, incluyendo las circunstancias de su muerte, lo cual, a juicio de AI, es "imprescindible para que los familiares de las víctimas y la sociedad en su conjunto puedan superar el trauma de lo ocurrido".
Aparte, la comisión tampoco investigó en profundidad los casos individuales de detención arbitraria, tortura u otros malos tratos, como tampoco analizó los abusos cometidos por el Ejército.
Para elaborar su informe, Amnistía Internacional documentó numerosos casos de tortura bajo custodia durante las protestas, como palizas con palos o látigos, descargas eléctricas - incluso en partes sensibles del cuerpo -, sometimiento a posturas forzadasamenazas de violación. Muchas víctimas contaron a Amnistía Internacional que habían sido torturadas por los soldados. durante largos periodos, insultos y
Tribunales militares
Por otra parte, indica el documento, muchos de los detenidos durante los disturbios fueron juzgados en tribunales militares a pesar de que eran civiles, una práctica que viola los "requisitos fundamentales del debido proceso y los juicios con las debidas garantías". El hecho de que se siga haciendo, advirtió la organización, "plantea dudas sobre el compromiso del Ejército egipcio en favor del establecimiento del Estado de derecho".
Asimismo, la organización ha pedido que se investiguen las circunstancias de la muerte de al menos 189 presos durante los motines carcelarios. Entre las "cientos de personas que sufrieron abusos graves contra sus Derechos Humanos en este periodo" y que "siguen esperando justicia" figuran "familiares de presos que fueron víctimas de homicidio ilegal", añadió.
El informe de AI exige también a las autoridades egipcias que las instituciones del Estado dejen de ser "instrumentos de represión y obstáculos para la justicia", que se revisen las leyes "que permiten que se cometan violaciones de Derechos Humanos" y que se tomen las medidas adecuadas para "garantizar que no se repiten esos abusos".
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