La consellera de Enseñanza, Irene Rigau, ha asegurado que su departamento presentará alegaciones ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por las directrices del Ministerio de Economía que establecen en un 30% el máximo de plazas para docentes públicos que se pueden convocar.
Rigau ha precisado que dichas alegaciones tendrán en cuenta el acuerdo al que han llegado el Gobierno y la Junta de Andalucía, que ha garantizado la convocatoria de 3.796 plazas en junio de este año.
A pesar de esta decisión en el ámbito judicial, Irene Rigau ha dicho que, la semana que viene, la Generalitat y el Gobierno se reunirán en Madrid para tratar de llegar a un acuerdo y hallar una solución que "tranquilice" a las personas que están preparando las oposiciones.
En rueda de prensa, Rigau ha vuelto a pedir al Gobierno, como ya hizo el pasado 9 de mayo en conversación telefónica con el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, que suspenda su decisión de no permitir la convocatoria de 1.245 nuevas plazas de docentes en Cataluña, por no existir "motivos jurídicos de peso" y por "no superar el máximo permitido" por las directrices del Gobierno.
En este sentido, se ha mostrado crítica con el acuerdo alcanzado entre la Junta de Andalucía y el Gobierno argumentando que, si se tuvieran en cuenta estos criterios, a la Generalitat le corresponderían 2.580 plazas, una cifra que permitiría mantener las 1.245 plazas convocadas.
"En Andalucía, se ha hecho una redistribución, pero la suma es la misma", ha puntualizado la consellera, que ha recalcado que a las alegaciones que presentarán ante el TSJC pueden añadir las consideraciones que consideren necesarias en relación con la convocatoria de Andalucía.
La comunidad andaluza consiguió ayer que de las 3.796 plazas convocadas, 2.200 correspondan a la disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público, y el resto -1.596- provienen de la aplicación de la tasa de reposición a la que se refiere el artículo 23 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
"Con las alegaciones demostraremos que no tiene ningún sentido que nos suspendan está convocatoria", ha asegurado la consellera, quien ha denunciado la desigualdad de trato que recibe la administración catalana al no haber recibido un requerimiento previo del Gobierno, lo que, según su opinión, les habría permitido demostrar que su cifra es correcta.
Además, ha insistido que promete llegar a un acuerdo, lo antes posible, para asegurar la tranquilidad de los opositores y evitar una "intranquilidad" añadida.
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