Se la conoce como Proyecto Inambari (por el río) y abarcaría nada menos que 410 kilómetros cuadrados. Preocupa el impacto en el medio ambiente de este valle tropical.
El proyecto hidroeléctrico, con una potencia instalada de 2.200 megavatios -el doble que la mayor presa española, pero 10 veces menos que la enorme presa de las Tres Gargantas, en China-, estaría a cargo de Egasur, un consorcio brasileño en el que destaca la empresa estatal Petrobrás. Está allí en virtud de una concesión temporal, pero también de un Acuerdo Energético firmado entre Perú y Brasil en junio pasado, por el cual se construirían seis represas en la Amazonia peruana.
Perú no tiene déficit energético, pero Brasil sí necesita más energía y, como señaló un funcionario de la Empresa Brasileña de Pesquisas Agropecuarias, "cuesta mucho llevarla desde la costa".
Pero Perú nunca ha conocido represas de tal magnitud en su franja amazónica. De allí la desconfianza de la población y del colectivo ecologista Amazonia e Hidroeléctricas, conformado, entre otras organizaciones ecologistas, como WWF.
"Hay precipitación y desinformación. Además de generar graves impactos tampoco responde a las demandas energéticas del Perú", señala Mariano Castro de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). El proyecto no cuenta con lo que en Perú se llama licencia social, es decir, con la aprobación de los habitantes de la zona, en este caso unas 10.000 personas en ámbitos rurales.
De acuerdo con Egasur, serían apenas unas 4.000 personas. Todos acabarían desplazados porque el gigantesco embalse cubriría varios kilómetros de bosque primario, algunas plantaciones de cacao, piña y plátano.
"Todo esto quedaría bajo el agua", dice Aldo Santos, funcionario de los Servicios Educativos Rurales, tratando de imaginar esa fotografía. También quedarían en las profundidades del embalse más de 100 kilómetros de la nueva vía Interoceánica que próximamente unirá Perú y Brasil. Y que se sigue construyendo, pese a todo.
Evandro Miguel, gerente general de Egasur, explica que ellos construirán un nuevo trazado y que le pondrán una valla arbolada de protección a cada lado, para que no se produzcan nuevas colonizaciones humanas alrededor de la nueva carretera.
A los argumentos de despilfarro, Egasur responde con sus 416.000 dólares (301.646 euros) destinados a "recuperación de la biodiversidad y desarrollo humano". Y prometen "una península ecológica", que promovería el ecoturismo.
A Olga Cutipa, presidenta del Frente de Defensa de Inambari, esas promesas no la convencen. Lo que quiere saber es adónde llevarán a los desplazados. Egasur promete inversiones en desarrollo de poblados, agroindustria y turismo y en el trazado de la Interoceánica.
La idea, según la compañía, es que la presa sirva de tapón para neutralizar los impactos ya notorios en esta región, que es vecina al Parque Nacional Bahuaja-Sonene, un área protegida de más de 537.000 hectáreas.
"Nosotros también defendemos Bahuaja-Sonene", afirma Víctor Alarcón, líder campesino de la zona, para demostrar que el factor ecológico también forma parte de su discurso de resistencia. Para los promotores del proyecto, en cambio, es la ocupación desordenada y la creación de pueblos de migrantes lo que genera mayores impactos.
La zona, en efecto, se ve con claros en los bosques y hay atisbos de minería informal, para extraer oro. Pero la pregunta que hacen a Egasur es si van a absorber toda la actividad económica o simplemente los impactos cambiarán de sitio.
Cerca, ya fuera del sector de influencia de la presa, está Huepetue, una zona de extractores de oro que ha destrozado bosques y ríos amazónicos sin medida ni clemencia.
Los habitantes de Inambari también tienen argumentos nacionalistas: "Si fuera para el Perú lo habríamos pensado", dice Alarcón, respecto al destino de la energía que se generará.
Según el acuerdo energético, la prioridad la tendrá el mercado peruano y luego el brasileño. La realidad, no obstante, sugiere que el destino mayoritario será Brasil, que lo necesita más.
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