Más de 1.500 personas se han adherido en poco más de dos semanas a la iniciativa de presentar una denuncia ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo para que invalide la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut.
Representantes del colectivo democristiano soberanista El Matí -el abogado Jordi Cortada y el editor Quim Torra- elevaron el pasado 14 de enero un recurso al Tribunal de Estrasburgo contra la sentencia del Estatut porque consideran que durante el proceso para resolver el recurso no se respetó "el principio de imparcialidad judicial".
Desde entonces, el colectivo está trabajando para difundir la iniciativa, y ha alcanzado un acuerdo con 'Deumil.cat' para que sus simpatizantes y adheridos expresen su apoyo al recurso.
El portavoz de Deumil.cat, Enric Canela -que es uno de los firmantes de la iniciativa-, ha explicado que han enviado un e-mail a los más de 14.000 integrantes de su base de datos recomendado la adhesión, algo que han hecho extensivo vía Facebook.
Además de 'Deumil.cat', Torra ha confirmado que otras entidades se han puesto en contacto para interesarse sobre el recurso contra la sentencia del Estatut, aunque ha evitado dar nombres a la espera de que se añadan de forma pública.
Expectación ante la admisión a trámite
Según Torra, entre algunas entidades hay una "cierta prevención y expectativa" a la espera de que el Tribunal de Estrasburgo decida aceptar a trámite el recurso.
Cortada, que ha confiado en que así sea, ha detallado que el tribunal tiene tres meses para dictaminar al respecto, y en caso de que supere este trámite las partes deberían presentar sus alegaciones.
Los democristianos reclaman al tribunal que declare que la sentencia del TC incumple ese principio, y que, en consecuencia, ordene al Estado que adopte las medidas necesarias para dejar sin efecto la sentencia.
El colectivo sostiene que la composición y actuación de los magistrados del TC, "su politización", y el retraso en dictar sentencia, constituyen pruebas suficientes de que el fallo no ha respetado el principio de imparcialidad judicial.
Los promotores de la demanda, elaborada por dos juristas de prestigio como el presidente de la Asociación Francesa de Derecho Constitucional, Bertrand Mathieu, pretenden agotar todas las vías jurídicas contra la sentencia del TC, así como "ayudar a internacionalizar la causa de Catalunya", según recogen en su página web.
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