Amnistía Internacional (AI) ha dicho este domingo que el ex presidente estadounidense George W. Bush puede ser procesado en cualquier país tras admitir públicamente el pasado noviembre que había autorizado las torturas en los interrogatorios de los servicios de seguridad de Estados Unidos.
Bush acaba de cancelar una visita privada a Suiza, prevista para la próxima semana, en medio de las presiones de grupos de activistas que habían convocado protestas y pedido al Gobierno suizo que abriera un proceso judicial contra el ex mandatario, según la prensa helvética.
AI entregó el pasado viernes un extenso informe a la fiscalía y Gobierno suizos en el que les pedía que detuvieran a Bush si viajaba al país e investigaran su papel en la ejecución de torturas.
En ese dossier, recordaban el compromiso de Suiza en la prevención de la tortura y señalaban los puntos de la legislación internacional que forzaban al país helvético a actuar contra el ex presidente, incluyendo además centenares de documentos públicos que ilustraban las supuestas infracciones cometidas por los servicios de seguridad estadounidenses.
AI ha afirmado que, dado que la Administración de EEUU ha desoído sus repetidos llamamientos para que se investigue a Bush, "la comunidad internacional debe tomar cartas en el asunto".
"Bush afronta una investigación y posible procesamiento criminal por su responsabilidad en torturas y otros delitos bajo la legislación internacional, particularmente en cualquiera de los 147 países firmantes de la Convención de la ONU contra la tortura", según un comunicado de AI.
En declaraciones a EFE, Matthew Pollard, que elaboró el informe entregado a las autoridades suizas, ha señalado que la situación cambió cuando el pasado noviembre Bush "admitió en televisión y en sus memorias, sin disculparse, que él personalmente había autorizado la técnica de tortura denominada 'waterboarding".
Este procedimiento, conocido como "submarino" o "asfixia simulada" en otros países, consiste en someter al detenido a la asfixia por inmersión o arrojándole agua por la nariz y la boca.
Pollard ha señalado que desde el 2004 AI reclama a las autoridades estadounidenses que abran una investigación criminal que llegue a las altas instancias del Gobierno, de acuerdo con las numerosas pruebas de torturas y violaciones de la legislación internacional cometidas bajo la Administración de Bush.
Responsabilidad de altos cargos
Sin embargo, aunque se procesó a soldados de bajo rango por el caso de las torturas en la cárcel iraquí de Abu Ghraib, nunca se abrieron investigaciones sobre la responsabilidad de los altos cargos.
Según Pollard, "la admisión pública (de Bush) de que autorizó actos de tortura" cambia la situación y permite que tanto en los Estados Unidos como en el extranjero pueda procesársele a él directamente.
Amnistía subraya que los países suscriptores de las convenciones contra la tortura tienen la obligación de investigar, detener si es necesario y, si hay pruebas, procesar o extraditar a sospechosos de la comisión o autorización de esos malos tratos.
"Lo que está claro -ha declarado Pollard- es que, tras su confesión, cualquier país al que viaje (Bush) ahora tendrá la obligación de detenerle según la convención de la ONU sobre tortura".
El secretario general de Amnistía, Salil Shetty, ha señalado que hasta ahora no ha habido "ningún ajusticiamiento por los delitos cometidos en el programa de detenciones secretas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), autorizados por el entonces presidente George W. Bush".
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