"Los periodistas del semanario 'Brecha' faltan a la verdad cuando afirman que beneficié a mi cliente, contador Juan Domingo Ratti, al promover, apenas fue derogado el art. 76 de la Ley 2.230, la clausura de su causa", afirmó a LA REPUBLICA la ex fiscal Cecilia Salom, actual pareja del ex canciller Gonzalo Fernández.
Los colegas de "Brecha" en su última edición volvieron a enfocar sus baterías contra el secretario de la Presidencia de la República durante la administración del Dr. Tabaré Vázquez, el reconocido penalista Gonzalo Fernández, esta vez acusándolo de implicancias por la defensa que su pareja, la Dra. Salom, hiciera de un alto funcionario del Banco de Montevideo vinculado a la familia Peirano, el Cr. Ratti.
En la portada dedicada en su totalidad al Dr. Gonzalo Fernández y a su pareja, la Dra. Cecilia Salom, el semanario ubica la foto del penalista cubriendo toda la tapa, con un título sugestivo y de gran tamaño que dice "La implicancia", seguido de un subtítulo complementario: "Cecilia Salhon (su apellido real es Salom), penalista y pareja de Fernández, pidió la clausura del expediente poco después de que el ex canciller dijera que la derogación del dichoso artículo 76 no afectaba el caso (de los Peirano)".
La tesis de los periodistas parece clara: el Dr. Gonzalo Fernández promovió la derogación del artículo 76 de la Ley 2.230 de 1896 para beneficiar a los Peirano y a un cliente de su pareja, el Cr. Ratti.
La primera parte ya quedó aclarada en la Cámara de Senadores, cuando el penalista probó haber sido él quien impidió que en aquel momento se derogara el artículo 76, cuya eliminación estaba incluida en el proyecto que el ministro de Economía, Danilo Astori, había redactado para aprobar la nueva ley de concursos y quiebras. En esa oportunidad el Dr. Fernández explicó que gracias a él, el artículo no se derogó y que si en ese momento éste se derogaba, los hermanos Peirano saldrían favorecidos porque estaban procesados y aún presos precisamente por el delito de fraude del artículo cuya derogación se proponía. También explicó que una vez, con los Peirano en libertad por gestiones de la OEA, y acusados por un delito mucho más grave, que es el de insolvencia societaria fraudulenta, la eliminación de ese artículo en nada incidía en su situación procesal y así lo trasmitió en una consulta telefónica solicitada por un legislador blanco, posición que sigue manteniendo y que es compartida por la jueza de la causa y del propio fiscal. Complementó su exposición en el Senado diciendo que tampoco cambió de posición ante lo que consideró un error jurídico del Tribunal de Apelaciones, augurando que si es promovida la casación en la Suprema Corte, ésta revocará el fallo de archivo de la causa. En la Cámara alta también quedó claro que no había promovido ante el senador Abreu la derogación del artículo 76, ni le había pedido ningún favor ni gauchada al respecto, tal como lo reconoció el propio senador. Sin embargo el nuevo elemento que aportaron los periodistas, al que calificaron de "hallazgo", fue que la pareja del Dr. Fernández se había aprovechado inmediatamente de la derogación del artículo 76 para pedir el archivo de la causa de su cliente, el Cr. Juan Domingo Ratti, vinculado a los Peirano y a la quiebra del Banco Montevideo.
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