Argentina acelera los juicios por delitos de lesa humanidad

Desde que en Argentina se derogaron en 2006 las amnistías contra los criminales de la última dictadura militar (1976-1983), ya han acabado 23 procesos judiciales, 11 están en marcha en pleno juicio oral y otros 100, en trámite. La justicia argentina ha dictado desde entonces unas 80 condenas por delitos de lesa humanidad contra militares, policías y otros colaboradores del régimen, como un médico y un sacerdote. Así lo informó ayer el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que presentó un informe ante la prensa y el público, entre el que se encontraba el juez español Baltasar Garzón.

"Estas sentencias permitieron encarar el proceso más importante que se ha realizado en el mundo acerca de la investigación de delitos de lesa humanidad, teniendo en cuenta la profundidad y la extensión de las causas", señala el informe de la Corte.

El documentó recuerda que ese tribunal declaró imprescriptibles los delitos de lesa humanidad y consideró inconstitucionales los indultos del Gobierno de Carlos Menem (1989-1999) a los jerarcas militares y las leyes de obediencia debida y punto final durante la gestión de Raúl Alfonsín (1983-1989), que favorecían a los mandos medios e inferiores de las fuerzas de seguridad.

Esas decisiones se sucedieron después de que el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) impulsara la renovación de los magistrados más cuestionados de la Corte. La actual presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha criticado a los jueces por demorar los juicios de la dictadura. Ayer, Lorenzetti aseguró que "no se hizo todo, pero se ha avanzado muchísimo".

"No hay marcha atrás con los juicios", dijo el presidente de la Corte, que agradeció la colaboración de los organismos de derechos humanos, que han denunciado la desaparición de 30.000 personas durante el régimen. "No dependen de una coyuntura o de una persona que esté en el poder, sino que forman parte de un proceso social y de una maduración de la sociedad", dijo, refiriéndose a la propuesta del ex presidente Eduardo Duhalde de amnistiar a los condenados del régimen en caso de ganar las elecciones de 2011.

Entre los sentenciados a prisión figuran el dictador Reynaldo Bignone (1982-1983) y el ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides, entre otros. Entre los pendientes se halla el juicio contra el marino Alfredo Astiz, conocido como el Ángel de la Muerte.