Los presos ajusticiados han sido Kazuo Shinozawa, de 59 años, responsable de la muerte de seis mujeres en el incendio de una joyería en 2000, y Hidenori Ogata, de 33, condenado por matar a una pareja en 2003.
La noticia fue recibida entre la indiferencia de la población japonesa, que apoya mayoritariamente la pena capital para los delitos de sangre, y el estupor de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, que lo calificaron de "duro revés".
Ante las críticas de esos grupos, el Gobierno nipón ha defendido que no ha habido motivaciones políticas en las ejecuciones, que se han llevado a cabo justamente un año después de la última aplicación de la pena capital en este país, el 28 de julio de 2009. Japón es junto a Estados Unidos uno de los pocos países industrializados y democráticos que tiene la pena de muerte como máximo castigo en su código penal.
Las ejecuciones de hoy han puesto fin a una moratoria oficiosa que se mantenía desde que llegó al poder el PD, que arrasó en las elecciones de agosto pasado y nombró ministra de Justicia a la abogada progresista Keiko Chiba, entonces miembro de la Liga Parlamentaria contra la Pena de Muerte.
Chiba, que hasta hoy no había firmado ninguna sentencia de muerte y había pedido prudencia en sentenciar al máximo castigo, ha estado presente en las ejecuciones, que en Japón se aplican siempre en la horca, con la ayuda de verdugos y sin testigos.
Corredor de la muerte
Los presos del corredor de la muerte japonés (107 en la actualidad) conocen la fecha de su ejecución ese mismo día y sus familias son informadas una vez que la misma ha sido llevada a cabo, lo que es reiteradamente denunciado por las organizaciones cívicas.
En una rueda de prensa, Keiko Chiba ha explicado que esta ha sido la primera vez que un titular de Justicia ha presenciado en Japón una pena de muerte y dijo que lo hizo "porque es mi deber revisar el proceso, al ser yo la persona que lo ordena".
Los dos presos han sido ejecutados en el Centro de Detención de Tokio, una de las siete cárceles japonesas donde puede aplicarse el máximo castigo y que Chiba tiene intención de abrir al escrutinio de los medios de comunicación próximamente.
Tras firmar las sentencias de muerte, la ministra de Justicia anunció que se creará un comité sobre la aplicación de la pena de muerte en Japón, donde más del 80% de la población respalda el máximo castigo. "Siento la necesidad de que haya un debate serio sobre la pena de muerte", ha apuntado la ministra, que ha rechazado hablar de sus convicciones personales sobre el tema.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos tenían esperanza de que la llegada de Chiba al Ministerio de Justicia, en septiembre pasado, implicase la declaración de una moratoria en la aplicación de la pena de muerte, previa a su abolición definitiva.
Hasta hoy, la última vez que se había aplicado la pena de muerte en Japón fue el 28 de julio de 2009, cuando tres reos -dos japoneses y uno chino- fueron ahorcados con el Partido Liberal Demócrata (PLD) aún en el poder.
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