El Partido Popular ha registrado hoy en el Congreso la anunciada proposición de ley para dar "protección" a los toros "por su interés cultural y turístico" y así salvar la prohibición en Cataluña que el miércoles aprobó el Parlament. Así, el PP busca blindar la Fiesta como una competencia exclusiva del Estado en todo el territorio nacional.
En el uso de ella, los 'populares' argumentan que el Estado "deberá garantizar la igualdad de los españoles en el ejercicio de su derecho al acceso", como reconoce la Constitución, porque la Fiesta forma parte del "Patrimonio Cultural, en todo el territorio nacional". Así, señalan que los toros tienen "interés cultural y turístico", informa Carmen Remírez de Ganuza y Manuel Sánchez.
El PP afirma que los toros son una seña de la expresión cultural española
El PP considera que "resulta especialmente necesario en estos momentos garantizar la protección" de la Fiesta. Se trata de una proposición de ley de obligado cumplimiento para garantizar el derecho de los ciudadanos a asistir a los toros en condiciones de igualdad y libertad en todo el territorio nacional. Así se define, basado en la defensa de dos derechos constitucionales básicos: la igualdad de los españoles y el acceso a la cultura, entendiendo la Fiesta como parte de ella, y no como un mero espectáculo.
El PP explica que la cultura es un "derecho de los ciudadanos" pero también un "deber y atribución del Estado" pese a que muchas de las competencias correspondan a las comunidades autónomas. Así, defiende que el Gobierno es "el principal garante de promover y tutelar" el acceso de todos "independientemente del lugar en el que residan".
El texto registrado por los 'populares' argumenta que los toros es "una de las manifestaciones más importantes y con mayor tradición y atractivo turístico" de España y una "seña" de la expresión cultural española.
Alega que el Gobierno debe garantizar el acceso a la cultura porque es un derecho de los ciudadanos
Precisamente por ello, lo que técnicamente propone el PP es una modificación de la Ley 10/1991 del 4 de abril, sobre las potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos. Una ley que, en su texto actualmente en vigor, está más enfocada a las potestades de Interior que a las propias de Cultura.
Así, la proposición invoca tres artículos de la Constitución. A saber: el 149.1.1, que define la "competencia exclusiva del Estado en la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales"; el 149.2, que "sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las comunidades autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial"; y, por último, el 44.1, por el que "los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho".
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Poco después de aprobarse el veto, el líder de la oposición, Mariano Rajoy, anunció la presentación de la iniciativa "en defensa de la libertad" para, según argumentó, "quien quiera ir a los toros vaya y quien no quiera ir que no vaya".
En su anuncio, Rajoy emplazaba al PSOE a desmarcarse del PSC y a anular en las Cortes la prohibición acordada en Cataluña. El líder 'popular' declaró que esperaba que ahora en el Congreso "se retrate el PSOE, cosa que no ha hecho en la votación del Parlamento catalán, y diga de una vez si es un partido nacional, si cree en la nación, en el estado de las autonomías, en los derechos y libertades y en la igualdad de todos los ciudadanos".
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