La presidenta argentina Cristina Fernández firmó ayer un decreto por el cual se habilita el comienzo de los procesos penales y civiles contra los integrantes de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú. El mismo será presentado ante el juez Federal de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel.
El decreto firmado por la mandataria faculta al procurador general del Tesoro, Joaquín Da Rocha, a presentarse en representación del Estado argentino como querellante en las causas iniciadas contra los asambleístas de Gualeguychú, por el corte del puente internacional General San Martín, bloqueado hace tres años en protesta por la instalación de UPM (ex Botnia) en la rivera del Río Uruguay.
El ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Julio Alak, confirmó la resolución de la mandataria y la calificó como "una cuestión meramente formal", para proseguir las demandas penales y civiles promovidas por el gobierno argentino contra los asambleístas, según informaron ayer medios argentinos.
El pasado miércoles el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, anunció la decisión del gobierno argentino de querellar contra los integrantes de la Asamblea Ambiental en la órbita penal y civil, ante la presunta comisión de diversos ilícitos por la permanencia del corte de ruta.
La acción penal impulsada por el gobierno argentino incluye la presunta comisión de ilícitos como: entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte, homicidio culposo, amenazas, daños a bienes públicos, instigación a cometer delitos, intimidación pública, apología del delito, atentado al orden constitucional de la vida democrática y sedición, entre otras. En tanto, la demanda civil refiere a los perjuicios económicos ocasionados por el corte de ruta contra vecinos de Gualeguaychú.
Los procesos iniciados por el gobierno argentino se sustentan en impedir el "normal ejercicio de los derechos constitucionales de transitar, entrar y salir libremente por y del territorio nacional, usar los servicios públicos de transporte nacionales e internacionales, trabajar y comerciar" de los restantes ciudadanos. El corte de ruta "afecta a 40 millones de argentinos que no pueden transitar libremente", señaló el ministro Alak al confirmar la resolución de la presidenta argentina.
Asimismo, el ministro de Justicia cuestionó la "actitud cerril" de los ambientalistas y los llamó a "reaccionar rápidamente" porque "ya no quedan excusas para mantener cortado un puente que nos une a un país hermano". "Es importante hacer un llamamiento para que se levante el corte", porque "esta cuestión está jurídicamente terminada" y la vigencia del bloqueo del puente internacional únicamente "está generando la imposibilidad del control ambiental" sobre la actividad industrial de UPM, indicó el jerarca.
Las palabras del ministro Alak se corresponden con las emitidas por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, el pasado jueves donde afirmó que el corte de ruta "dejó de ser un reclamo popular o una lucha popular para ser un capricho". En tanto, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, afirmó que "hay nombres y apellidos concretos de quienes llevan adelante el corte que fueron presentados a la Justicia". La lista incluiría a los principales referentes de la Asamblea Ambiental, entre ellos, José Pouler y Jorge Fritzler.
"ES COMPLICE"
El integrante de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, José Pouler, aseguró ayer que si la querella iniciada por el gobierno argentino incluye el delito de asociación ilícita, algunos integrantes del gobierno argentino, entre ellos el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, deberán responder como indagado.
Pouler manifestó su desconocimiento sobre el decreto firmado por la presidenta argentina Cristina Fernández pero precisó que "si abarca la asociación ilícita, ellos (por los gobernantes) irán con nosotros a la Justicia y el primero tiene que ser Aníbal Fernández".
El actual jefe de Gabinete ejercía la titularidad del Ministerio del Interior cuando en 2006 la Justicia ordenó el desalojo de los asambleístas, pero "no tomó la decisión de enviar la fuerza de choque", por lo cual "es cómplice", expresó Pouler al sitio Montevideo Portal.
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