Ojito ZP con esos gestos obcenos ehhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!Para empezar, la desconfianza se ha instalado en la ciudadanía. Tres de cada cuatro consideran que las medidas no son suficientes para que España salga de la crisis. El Gobierno se ha ganado a pulso esa desconfianza. Cuando ya estábamos en recesión y se habían perdido cientos de miles de puestos de trabajo, el presidente del Gobierno sostenía que era "opinable" que hubiéramos entrado en crisis, una palabra que se convirtió en tabú. "Zapatero pronuncia la palabra crisis" llegó a ser noticia de primera página. Solbes bromeaba con que la recesión pasaría "rozando el larguero" cuando cayó Lehman Brothers y empezaron a marcarle goles por la escuadra. De no ver llegar la crisis, el Gobierno pasó a verla acabarse. Proclamó que se había tocado suelo, vio brotes verdes y cuando, a la vuelta del verano de 2009, algunos le advirtieron de que la crisis española iba a ser más larga, Zapatero reaccionó airado negándolo. Desgraciadamente, España ha sido la última de las grandes economías en dejar la recesión y cuando lo hace, se agrava la crisis, con el paro y el déficit en niveles récord y el acoso de los mercados. El Gobierno tampoco supo diagnosticar bien ese acoso, desatado por la crisis griega.
Cuando el primer ministro griego, Yorgos Papandreu, se fue a una isla del Egeo para confesar a sus ciudadanos que Grecia era "un barco a punto de irse a pique", el Gobierno se veía a salvo del contagio. Sólo una semana antes de anunciar su plan de ajuste, Zapatero aún insistía, tras su reunión con Rajoy, en que no era momento de una reducción drástica del déficit. Pero los dos días siguientes fueron una pesadilla. La Bolsa y los bonos se desplomaron. España empezaba a verse reflejada en el espejo griego, que los líderes del Eurogrupo se encargaron de poner a Zapatero delante de la cara. No es raro que la encuesta muestre que los ciudadanos creen por abrumadora mayoría (67%) que el plan de ajuste no es fruto de una reflexión interna, sino de presiones exteriores. En un contexto de deterioro de la imagen de España, la presión de los mercados y la de los dirigentes europeos ha sido decisiva. Para Zapatero, que tanto ha arremetido contra los especuladores, ha tenido que ser especialmente doloroso rendirse a ellos mientras la prometida reforma financiera sigue empantanada.
Hasta ahora, la carga de la crisis la han soportado sobre todo los parados. Ahora se amplía exponencialmente el número de afectados directos. Entre cinco y seis millones de pensionistas, cerca de tres millones de empleados públicos, cientos de miles de personas dependientes y de futuras madres sufrirán las medidas anunciadas por el Gobierno. En tiempos en que el sueldo medio de los ejecutivos de las empresas del Ibex es de un millón de euros, unas 300 veces el salario mínimo, ninguna medida va dirigida a las rentas más altas, beneficiarias con Zapatero de la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio y de la rebaja del IRPF.
Eso irrita a los sindicatos casi tanto como la ruptura de la gran promesa de Zapatero: "Mientras yo sea presidente, las políticas sociales no tendrán recortes", insistía hace sólo tres meses. Zapatero los ha perdido como aliados a los sindicatos -algo con consecuencias imprevisibles- mientras recibía el apoyo matizado de los empresarios. Entre algunos de estos, hay preocupación por si el Gobierno será capaz de recabar apoyo parlamentario a sus medidas. El miércoles, todos los grupos le dieron la espalda. En medios empresariales da pánico la sola idea de que el Congreso rechace convalidar el decreto-ley de un Gobierno, -no hay que olvidarlo- en minoría. Ante la perspectiva de una grave crisis política y de credibilidad, esperan que haya grupos que faciliten la aprobación.
Pero no va a ser fácil hallar votos para unas medidas que, en conjunto, no gustan a la ciudadanía. El 46% las desaprueba y el 34% las aprueba, según la encuesta de Metroscopia, aunque al bajar al detalle hay grandes diferencias. El juicio tiene que ver en parte con el bolsillo de cada uno. Siempre ha sido así, pero más si se trata de repartir la factura de la crisis. Eso se aprecia sobre todo en la supresión del cheque-bebé. El rechazo más amplio (65%) se registra entre los menores de 35 años, es decir, sus potenciales beneficiarios, mientras que entre los mayores de 35 años pasan a ser mayoría los que respaldan la eliminación de dicha ayuda.
La medida que encuentra un rechazo más general es la congelación de las pensiones en 2011, la que afecta a un mayor número de ciudadanos. El Gobierno ha decidido saltarse en este punto el Pacto de Toledo, el consenso básico en materia de pensiones. ¿Una excepción o un precedente?
En cambio, la otra decisión más drástica, la rebaja de un 5% de media de los sueldos de los funcionarios, recibe un respaldo mayoritario (58% a favor y 40% en contra). Eso responde probablemente a la percepción de que son los que menos han sufrido la crisis. No ha habido apenas despidos entre los empleados públicos y sus retribuciones subieron con fuerza en 2009 cuando la inflación fue sólo del 0,7%.
La medida, por otro lado, supone reconocer la evidencia aritmética de que no era posible recortar significativamente el gasto en funcionarios manteniendo su poder adquisitivo. El Gobierno ha preferido engañarse durante meses y negar esa evidencia. Cuando el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, insinuó que el emperador estaba desnudo, todos le desautorizaron altivos, como en el cuento de Andersen.
Dentro de la rebaja de sueldos, la que recibe un apoyo más amplio, casi unánime, es la de los miembros del Gobierno. La reducción del gasto en medicamentos también es aplaudida. El respaldo es igualmente amplísimo para la petición de que comunidades y ayuntamientos ahorren 1.200 millones, aunque es un enunciado con trampa. Mientras no se diga en qué se ahorra, esto es, quiénes saldrán perjudicados, es lógico que apenas haya oposición.
En cambio, junto a la congelación de las pensiones, la mayor oposición es contra la modificación del régimen de jubilación parcial y contra la supresión para los nuevos solicitantes de la retroactividad del pago de prestaciones por dependencia desde el día de presentación de la solicitud. Frente al interés propio que se adivina en la posición de los encuestados sobre otras materias, en esta última se aprecia cómo ha calado la idea de solidaridad con los dependientes. Y también ha arraigado la solidaridad con los países más pobres, pues pese a la dureza de la crisis es mayoritario el rechazo al recorte de 600 millones en la ayuda al desarrollo.
Acaso la mayor paradoja de la encuesta es que pese a que los ciudadanos desaprueban el paquete en su conjunto y lo consideran insuficiente, una amplia mayoría cree que el PP debería apoyar las medidas. Eso sí la diferencia de opinión entre votantes del PSOE y del PP es mayor en esta pregunta que en ninguna otra.
La encuesta no aclara si los ciudadanos ven insuficientes las medidas porque hacen falta reformas en paralelo (laboral, pensiones, cajas de ahorros) o porque son necesarios más recortes (supresión de ministerios, reducción de subvenciones, copago sanitario...). Pero menos aún, a lo que no puede responder es a si el ajuste le bastará a las autoridades europeas (que evaluarán el plan en junio) y a los mercados. Son preguntas en el aire. ¿Qué nuevas vueltas de tuerca harán falta? ¿En qué plazo? ¿Cómo afectará el ajuste a la recuperación económica? ¿Cuándo volveremos a ver la luz al final del túnel?
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