Los tres partidos que integran el Ejecutivo catalán (PSC, ERC e ICV-EUiA) anoche todavía estaban negociando los detalles de la subida. Sin embargo, éstos podrían estar en línea a la propuesta de ICV-EUiA, el socio minoritario: incrementar los tipos marginales del IRPF para las bases imposibles de más de 100.000 euros anuales. Ahora el tipo impositivo es del 43% dividido en dos tramos: el autonómico y estatal, ambos del 21,5%, que suman ese 43%. ICV-EUiA propone subir el tramo autonómico del 21,5% al 25% (el estatal quedaría igual, en el 21,5%), según fuentes de ese partido, por lo que el tipo general para las rentas más altas en Cataluña se situaría en el 46,5%.
La ley 22/2009 permite a las comunidades hacerlo, siempre que la estructura de la escala sea progresiva. "Estaría bien subir los impuestos", convino ayer por la mañana el consejero Joan Saura, de ICV. "Con este aumento se demuestra que hay más gobierno en Cataluña que en España", abundó Joan Puigcercós, portavoz de ERC.
La gestación del acuerdo no ha sido fácil y ayer por la tarde, en los pasillos del Parlamento catalán, el consejero de Economía, Antoni Castells, negaba la mayor. Castells se ha resistido enormemente a aceptar ese incremento al alegar que se debía ir por partes y que no era el momento de afrontarlo. El Gobierno catalán, en cualquier caso, aprobará entre hoy y el domingo un decreto con un notable recorte social que, aunque no incluye el caso del IRPF, ya menciona la subida de otras tasas: el incremento de un un 1% del impuesto de transmisiones patrimoniales (del 7 al 8%); el de actos jurídicos documentados (del 1% al 1,2%) y una tasa especial sobre determinados medios de transporte (podría llegar al 16%).
Montilla ha intentado huir de la estrategia seguida por Zapatero de desligar el recorte (cuyo importe se ignora aunque se bajara la cifra de 3.500 millones) de la subida de los tributos. No es algo nuevo porque Montilla, a diferencia del presidente del Gobierno, reconoció muy pronto la gravedad de la crisis hasta el punto que le costó más de un reproche desde el PSOE.
El decreto contiene medidas duras porque contempla reducir los recursos destinados a los conciertos sanitarios y educativos, con gran presencia en Cataluña. En la sanidad, se prevé bajar en un 3,21% el importe de los créditos. Y, en el caso de los colegios, el gasto disminuirá en un 4,85% al año. La intención es que los profesores de esas escuelas concertadas sufran una reducción equiparable a los del sector público.
Paralelamente, el Gobierno catalán bajará los salarios de los funcionarios en la misma línea marcada por Zapatero. El borrador incluye también el recorte de los sueldos de Montilla y sus consejeros en un 15%; los secretarios generales, un 10%; los directores generales, un 8% mientras que entre el personal de alta dirección las reducciones se situarán entre un 8% y un 15%.
Artur Mas, presidente de CiU, recordó en una conferencia de las jornadas anuales del Círculo de Economía en Sitges que él está en contra de subir los tributos en tiempos de crisis. "Es un error hacerlo ahora porque retrasa la recuperación. En algún momento", admitió Mas, "habrá que subir algún impuesto pero es un error hacerlo antes de que despegue la recuperación".
Pese a todas estas medidas, el tripartito vivió ayer una de sus paradojas porque el mismo día que trascendió la subida del IRPF, se aprobó en el Parlamento la ley de sucesiones y donaciones con 70 votos a favor (PSC, ERC e ICV-EUiA) y 59 en contra (CiU y PP) más tres abstenciones (Ciutadans). La norma aumenta el mínimo exento de tributación para el caso de cónyuges, hijos y otros descendientes. La norma, que se aplicará progresivamente, será efectiva el 30 de junio de 2011.
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