La fórmula pactada, que está ya casi cerrada, pasa por crear una circunscripción específica en el Senado para estos votantes. Es decir, que habría senadores electos por cada provincia, más los correspondientes a una circunscripción exterior, más los designados por las comunidades. El proceso electoral se llevaría a cabo mediante votación presencial en los consulados para evitar fraudes. Los emigrantes votarían en urna en los días previos a la jornada electoral, y las papeletas serían remitidas después a España por valija diplomática.
Los dos partidos están convencidos de que es preciso revisar la actual situación, en la que el color político de un Ayuntamiento o un escaño del Congreso pueden ser decididos por el voto de ciudadanos que nunca han residido ni residirán en ese municipio o circunscripción electoral.
La situación será aún más significativa en sucesivos procesos electorales cuando se aplique la Ley de Memoria Histórica, que prevé que puedan recibir la nacionalidad española los nietos de españoles. En este momento el número de solicitudes para lograr el pasaporte rondan las 300.000, según los datos manejados por los partidos.
La base legal en la que PSOE y PP se apoyan es el artículo 68 de la Constitución, que establece que "la ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España". La expresión "se encuentren" era interpretada hasta ahora de forma amplia, pero los partidos quieren equipararla a "residencia". Es decir, que si no hay residencia en las respectivas circunscripciones, no debe haber derecho a voto en todas las citas electorales. Se acepta que los emigrantes puedan votar en los referendos, pero queda en el aire si podrán hacerlo en los comicios europeos.
La reforma de la ley electoral que negocian los dos grandes partidos supone exigir residencia efectiva para votar en las municipales. Para las autonómicas se aplicaría la definición de los nuevos estatutos sobre los ciudadanos de las comunidades como los que tienen residencia en su territorio.
Otra de las medidas que incluiría el acuerdo consiste en endurecer los requisitos exigibles para presentar candidaturas. En este momento es reconocido que hay candidaturas que se presentan casi con el único fin de disfrutar de beneficios como el acceso al censo, la posibilidad de contar de forma automática con espacios gratuitos de publicidad o las subvenciones para el mailing electoral. Por eso los dos partidos mayoritarios trabajan con fórmulas como exigir un número mínimo de firmas para avalar las candidaturas, o una fianza que disuada a las que no tengan apoyos previos.
Actualmente, la ley electoral ya exige a las agrupaciones electorales un número de firmas de aval que resulta disuasorio. Pero los dos grandes partidos prevén extender esta exigencia a todas las candidaturas.
Entre los flecos que quedan por cerrar está la petición insistente del PP para que en los ayuntamientos gobierne la lista más votada. Los nacionalistas no lo ven con malos ojos, pero el PSOE lo rechaza, y eso que los populares han elevado hasta el 42% del voto el límite exigido para que gobierne automáticamente la lista más votada.
Los dos partidos están también de acuerdo en medidas referidas a las campañas electorales; por ejemplo, que las televisiones privadas estén obligadas a emitir espacios gratuitos de publicidad electoral como hacen las cadenas públicas.
También hay acuerdo para crear un consejo permanente que se encargue de establecer unas normas fijas para los debates electorales, evitando así tener que pactarlos cada vez.
Inicialmente, PSOE y PP se inclinaban por eliminar la actual limitación legal de no publicar encuestas la última semana de campaña, y barajaron la posibilidad de permitirlas hasta la misma jornada de reflexión. No obstante, es probable que fijen el límite en el lunes previo al domingo electoral.
Los dos partidos tienen previsto cerrar el acuerdo durante el mes de abril, cuando culmine el mandato de la subcomisión. Sin embargo, la iniciativa para cambiar la Ley de Partidos y la Ley Electoral con el fin de obligar a la izquierda abertzale a condenar el terrorismo podría modificar ese calendario, de forma que se tramitase toda la reforma legal de forma conjunta.
Los partidos nacionalistas apoyan casi todas las modificaciones previstas, aunque la negociación se lleva casi de forma bilateral entre PSOE y PP. De los acuerdos globales quedarán excluidos Izquierda Unida y UPyD.
El diputado Gaspar Llamazares, principal defensor de la reforma de la Ley Electoral, lamenta que el acuerdo haya acabado con la posibilidad de cambiar el sistema para evitar que su formación sea discriminada en la atribución de escaños. El diputado de IU es crítico con la negociación, que, en su opinión, busca perpetuar el bipartidismo.
Muchos votantes con poder relativo
- El censo electoral se compone de los españoles que residen en España y los españoles en el extranjero. Éstos forman el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), y su registro se realiza y se actualiza en las oficinas consulares. Desde sus países de residencia votan por correo en todos los procesos electorales.
- El CERA a 1 de enero de 2010 incluye a 1.312.646 personas. Las provincias con mayor número de votantes residentes en el extranjero son Madrid (163.374), A Coruña (122.461), Pontevedra (102.001), Barcelona (96.599) y Ourense (77.658).
- El voto de los residentes ausentes puede cambiar algún diputado en elecciones generales y autonómicas, lo que tiene poca influencia en el Congreso y algo más en parlamentos regionales. Sí es clave en las municipales en lugares como Galicia o Canarias. Algunos municipios gallegos tienen un 50% de votantes no residentes.
- En las últimas elecciones gallegas, en 2009, el voto de los emigrantes suponía el 12% del censo. El PSdeG consiguió arrebatar un diputado al PP en Ourense gracias a los votos del exterior, aunque no le sirvió para mantener el Gobierno.
- En las elecciones generales de 2008, los emigrantes cambiaron de signo un diputado por Barcelona, que pasó del PP a CiU por poco más de 200 votos, y un senador por Tenerife, que pasó de Coalición Canaria al PP.
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