Alrededor de 80.700 descendientes de exiliados durante la Guerra Civil y el franquismo tienen ya la nacionalidad española gracias a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, mientras que una veintena de combatientes de las Brigadas Internacionales se han hecho también españoles.
Otros casi 9.000 hijos y nietos de aquellos que se vieron obligados a abandonar su patria al término de la Guerra Civil y en los años inmediatamente posteriores -un millón y medio según la fundación Pablo Iglesias- tienen aprobado el expediente para adoptar la nacionalidad de sus antepasados.
Estos son algunos de los datos que maneja el Gobierno en relación con el exilio y cuando ya han transcurrido casi dos años y medio desde que el Congreso aprobó la Ley de la Memoria Histórica, el 31 de octubre de 2007.
También, como resultado de esta ley, el Gobierno ha restituido formalmente el honor de 567 víctimas del franquismo, con la entrega de las correspondientes declaraciones de reparación y reconocimiento personal.
Precisamente, una de las últimas ha sido entregada a los herederos del poeta Miguel Hernández, que murió en la prisión de Alicante tras ser condenado en un juicio sumarísimo.
La identificación de los enterrados en fosas comunes es otro de los frentes en los que está actuando el Ejecutivo -hay entre 30.000 y 35.000 desaparecidos no identificados según las fuentes- y, en concreto, tiene muy avanzado el registro de los que fueron sepultados en el Valle de los Caídos, la mayor tumba común de España.
De acuerdo con los trabajos desarrollados hasta ahora, habría unos 30.000 cadáveres enterrados en el mismo lugar donde yacen los restos del dictador Francisco Franco y de José Antonio Primo de Rivera, de los cuales unos 21.000 ya han sido identificados.
Censo de las fosas comunes
Para elaborar este censo, el Gobierno se está apoyando en los registros que llevaban los monjes de la abadía, en los que constaba las entradas de cadáveres, y en las informaciones de los gobiernos civiles de la época sobre la relación que tenían de los cuerpos que trasladaban al enclave franquista.
Aunque en muchos casos está siendo difícil saber las identidades, en otros consta el nombre completo del fallecido, incluso el de los padres, su lugar de origen, la causa de la muerte y la localización dentro del columbario.
Pese a que los trabajos de identificación están bastante adelantados, el Gobierno no ha podido cumplir con el plazo fijado para confeccionar este censo, ya que expiraba el 30 de marzo en cumplimiento de una proposición no de ley pactada entre ICV, NaBai y el grupo socialista, a la que únicamente se opuso el PP.
Esta iniciativa parlamentaria incluye igualmente subvenciones para agilizar las exhumaciones y, en su caso, el traslado de los restos cuando así lo soliciten los familiares.
De hecho, esta misma semana, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la convocatoria para la concesión de ayudas destinadas a actividades relacionadas con las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo: desde la localización e identificación de cadáveres hasta homenajes y reconocimientos.
Según el Ejecutivo, los más de 700 proyectos presentados en las cuatro convocatorias anteriores ponen de relieve "la creciente repercusión e interés social" que ha suscitado la cuestión de la memoria histórica.
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