El gremio de maestros presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Educación. Así, se sumarán a las acciones que ya tramita la Suprema Corte de Justicia y que fueron impulsadas por los sindicatos de Secundaria y UTU.
Cuando la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu) presente su acción, todos los gremios docentes de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) habrán impugnado ante el máximo órgano del Poder Judicial la polémica ley educativa, aprobada por el Parlamento a fines de 2008.
Es que, a mediados del año pasado, la Federación de Profesores de Secundaria (Fenapes) y Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay (Afutu) presentaron acciones donde reclaman que se declare la inconstitucionalidad de la Ley de Educación.
El abogado Daniel Parrilla, quien representa a Fenapes y Afutu ante la Suprema Corte de Justicia, confirmó a El País que presentará una nueva acción en representación de los afiliados de Ademu. El recurso está siendo firmado por los reclamantes, y se estima que será presentado la próxima semana.
Según los docentes, la norma viola la autonomía y la "especialidad" de los órganos de conducción por parte del poder político que, a criterio de los reclamantes, adquiere excesivas potestades en la ANEP. De acuerdo con la visión de los profesores, la ley no respeta el artículo 202 de la Constitución, que consagra la independencia de los organismos educativos.
En las acciones que ya presentó, Parrilla agregó una consulta elaborada por el abogado constitucionalista Horacio Cassinelli Muñoz, quien opinó que la ley de Educación incurre en nueve violaciones diferentes a la Carta Magna.
Cassinelli Muñoz parte de la definición de autonomía de los órganos rectores de la enseñanza basados en su "necesidad de libertad y la de eficiencia" establecida por la doctrina uruguaya, que otorgan autonomía a algunos entes frente a los poderes Ejecutivo y Legislativo, en función de su especialización.
Según el especialista, la norma desconoce el concepto de especialización del ente y observa que las leyes regulan las atribuciones de los entes autónomos y sus jerarcas, pero esto "tiene límites" a texto expreso de la Constitución o en razón de la "especialización del ente".
Para Cassinelli Muñoz, también es inconstitucional lo que se establece para la composición del Consejo Directivo de ANEP. Cuestiona que el presidente de la República, en Consejo de Ministros y con venia del Senado, designe a estas autoridades.
"El sistema de designación establecido en el artículo 187 de la Constitución no es aplicable a los entes docentes porque no está referido en el art. 205" y es solo aplicable al Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal por una disposición transitoria, opinó el veterano jurista en la consulta.
DISCUSIÓN. Como ocurre en todos los casos donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley, los recursos presentados por Fenapes y Afutu van avanzando lentamente en la Suprema Corte de Justicia.
Actualmente existe una discusión jurídica entre el abogado de los sindicatos y la contraparte, que en este caso son el Poder Ejecutivo (a través del Ministerio de Educación y Cultura) y el Poder Legislativo para determinar si los docentes agremiados tienen o no legitimación para recurrir la norma.
Por eso, el fiscal de Corte, Rafael Ubiría, pidió a los reclamantes que fundamenten de nuevo los motivos por los cuales se sienten afectados por la ley. "Esta ley de Educación, si bien es mala porque violentó la autonomía, previó el cogobierno, y eso implica que los docentes tengan sus representantes en los órganos de dirección", dijo Parrilla sobre la posición respecto a la legitimación de sus clientes.
Precisamente, el pasado 24 de febrero unos 42.000 docentes de todo el país votaron para integrar dos cargos en la ANEP y un cargo en cada uno de los órganos desconcentrados (ver nota en esta página).
Parrilla dijo que una vez que se determine si los docentes tienen o no legitimación, continuará el proceso ante la Suprema Corte de Justicia. No obstante, indicó que podría ocurrir que las acciones sean desestimadas de plano, si se considera que no hay legitimidad.
Consulta de un ex senador
Como parte de su defensa ante la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio de Educación y Cultura presentó una consulta elaborada por el abogado constitucionalista y ex senador socialista José Korzeniak, quien opinó que la Ley de Educación no violenta la autonomía educativa, tal como lo señalaron los gremios que recurrieron la normativa. Sin embargo, no se pronunció sobre la legitimidad de los docentes para impugnarla.
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