Familiares del asesinado senador Zelmar Michelini realizarán gestiones ante Argentina tras conocerse el decreto que determinó la desclasificación de los archivos de la represión durante la dictadura. La abogada Hebe Martínez Burlé dijo que "sería bueno que en Uruguay se hiciera el mismo procedimiento".
El ex subsecretario de Educación y hoy diputado, Felipe Michelini, adelantó ayer a LA REPUBLICA que promoverá a través de sus abogados los mecanismos pertinentes para hacerse de los archivos desclasificados recientemente en Argentina sobre la represión ilícita desarrollada por la última dictadura militar. Michelini señaló que transcurrido el presente mes y a través de la doctora Hebe Martínez y el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) de Argentina "vamos a sondear qué nivel de documentación puede ser pertinente para conocer la verdad sobre los hechos que involucran a los delitos cometidos". El hijo del ex senador Zelmar Michelini, asesinado en mayo de 1976 en la provincia de Buenos Aires junto al ex diputado Héctor Gutiérrez Ruiz y los dirigentes Rosario Barredo y William Whitelaw, son casos que incluso están involucrados en el período de los archivos desclasificados por el gobierno del vecino país. El miércoles 6 de enero se publicó la orden en el decreto 4/2010 del Boletín Oficial de la República Argetina, la cual abarca el período de 1976 a 1983 y que también incluye aquella documentación producida en otros años, pero que pudiera estar vinculada con la represión ilegal. "Para nosotros dijo Michelini lo que significa recorrer todos los caminos en la búsqueda de la verdad y de la justicia los vamos a recorrer". El legislador evaluó que "si hay documentos que ayuden a evacuar esas dudas y arrojen informaciones trascendentes, son bienvenida".
Por su parte, la abogada Hebe Martínez Burlé confió también a LA REPUBLICA tras conocerse la desclasificación de la documentación sobre la represión en el vecino país que "sería bueno que también en nuestro país, en Uruguay, las autoridades procedan a ofrecer a los directamente interesados la información que entendemos ha sido desclasificada por el gobierno".
Al respecto, el propio Michelini opinó que "si bien el Estado y el propio presidente, Tabaré Vázquez, han avanzado mucho en materia de habeas data, nosotros aspiramos a que también las instituciones viertan toda la información que tengan".
Michelini dijo ignorar si su abogada, Hebe Martínez Burlé, pudo obtener información desclasificada que permita avanzar en el esclarecimiento del asesinato de su padre, el ex senador Zelmar Michelini.
El decreto de la presidente Cristina Fernández abre las puertas de los archivos, además, para quienes manifiesten un interés legítimo por acceder a ellos, ya sean particulares o profesionales judiciales. Entre otros documentos se hallan los archivos del personal del Batallón 601, uno de los ejes de la represión ilegal, en el que figuran datos de los agentes civiles de inteligencia, la repartición y los alias con los que actuaron.
En el vecino país pasaron ya más de veinticinco años de reestablecido el Estado de Derecho, y se indica en el decreto que "no es posible seguir consintiendo la inaccesibilidad de tal información y documentación argumentando el carácter de 'Secreto de Estado' o cualquier otra clasificación de seguridad que impida el conocimiento de la historia reciente cercenando el derecho de la sociedad a conocer su pasado".
EL DECRETO
La presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner decretó el 6 de enero la desclasificación de toda la información y documentación vinculada con el accionar ilegal y represivo de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura, con la finalidad, según dice el documento, de eliminar "cualquier limitación" que pueda "obstaculizar una investigación completa" en los juicios que se llevan adelante por violaciones a los derechos humanos.
El material desclasificado no incluye los documentos que siempre se guardan, con listas de los desaparecidos y lugares donde fueron dejados los cuerpos de las personas asesinadas, datos que se supone fueron destruidos por los militares antes de abandonar el poder. Lo que sí hay entre los documentos ahora accesibles son los datos con la identidad de las personas que actuaron en la represión organizada por el Estado, boletines reservados, partes de condecoraciones que alguien recibió por su participación en determinado hecho represivo.
El decreto 4/2010, publicado el miércoles en el Boletín Oficial, abarca el período de 1976 a 1983, e incluye también la documentación producida en otros años pero que pudiera estar relacionada con la represión ilegal.
El gobierno del vecino país consideró que ante la "gran cantidad de pedidos judiciales" para tener acceso a información con clasificación de seguridad no pública, era necesaria "una resolución integral" para evitar que debiera hacerse un decreto por cada caso específico.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sostuvo que era "una medida positiva" y pidió que se extienda también a la información en poder de la SIDE y de la Policía Federal.
El objeto de la desclasificación sería desburocratizar el avance de las causas judiciales. Hasta ahora los jueces debían pedir un decreto presidencial para acceder a los documentos y usarlos como pruebas.
El nuevo decreto elimina esa instancia. Los jueces van a poder usar los archivos sin los tiempos que requiere la desclasificación.
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