LA REPUBLICA publica hoy los aspectos fundamentales del pedido de la fiscal Ana María Tellechea de condena al dictador Juan María Bordaberry. En un extenso y fundado dictamen, Tellechea pide 30 años de penitenciaria, más 15 años de "medidas de seguridad eliminativas" para Bordaberry.
Lo responsabiliza de los delitos de "atentado a la Constitución", 9 delitos de "desaparición forzada" y 2 delitos de "homicidio muy especialmente agravados".
En concreto, se refiere a las desapariciones de José Arpino Vega, Eduardo Pérez Silveira ("el Gordo Marcos"), Luis Eduardo González González, Eduardo Bleier Horovitz, Juan Manuel Brieba, Carlos Arévalo Arispe, Julio Correa Rodríguez, Otermin Montes de Oca Domenech y Horacio Gelos Bonilla, y los homicidios de Fernando Miranda y Ubagesner Chaves Sosa, cuyos restos fueron encontrados en excavaciones realizadas recientemente en predios militares.
En su dictamen, la fiscal señala que Bordaberry "colaboró con la crueldad desplegada por los militares, prestando su nombre, su presencia, su apoyo, y asumiendo la responsabilidad de todo".
Además, señala que dio el golpe de Estado, violando la Constitución "y lo hizo con plena conciencia y voluntad, tal como lo manifestó en su declaración en Sede Judicial"
La Justicia seguirá su curso, con todas las garantías de investigación y defensa y este sólo hecho es un cambio sustancial para la institucionalidad jurídica y para la vida democrática del país.
Recién 36 años después de haber dado un golpe de Estado y violar la Constitución y recién 24 años después de recuperada la democracia, la sociedad uruguaya puede hacer responder por su conducta a quienes violaron la constitución.
El juicio al golpista y dictador Juan María Bordaberry, implica un paso de enorme importancia para la consolidación democrática de nuestro país.
No significa sólo cerrar las cuentas de un pasado no resuelto, es un mensaje de enorme importancia para el presente y también para el futuro.
Los golpistas y los violadores de los derechos humanos, los que como bien señala la fiscal Tellechea, cometieron o permitieron y respaldaron, crímenes de lesa humanidad, no pueden quedar impunes.
La impunidad es un veneno para la democracia, corroe, debilita y mutila a la sociedad y además alienta repeticiones.
Para que el nunca más, que la inmensa mayoría de los uruguayos respaldamos sea una realidad, los golpistas no pueden quedar impunes.
Bordaberry encabezó la asonada motinera contra las instituciones, la impulsó, la concretó y hasta se dio a la tarea de darle sustento ideológico.
Cuando miramos a Honduras, cuando recordamos lo que ocurrió en 2002 en Venezuela o lo de Alberto Fujimori a fines del siglo XX en Perú, entendemos que no estamos hablando de un pasado remoto o de algo que nunca volvió a ocurrir.
Tanta fue la responsabilidad de Bordaberry que su modelo de golpismo es estudiado en el continente y en el mundo y en algunos países se llegó a hablar de la "bordaberrización" del proceso.
Pues bien, sin revanchismo de ningún tipo, con todas la garantías que brinda la ley que Bordaberry pisoteó, Uruguay hoy da un paso enorme al juzgarlo y enfrentarlo a las consecuencias de sus actos.
En Uruguay, ahora, los golpistas no quedan impunes, tienen que responder por sus actos ante una Justicia que puede actuar. No es poca cosa.
Lo responsabiliza de los delitos de "atentado a la Constitución", 9 delitos de "desaparición forzada" y 2 delitos de "homicidio muy especialmente agravados".
En concreto, se refiere a las desapariciones de José Arpino Vega, Eduardo Pérez Silveira ("el Gordo Marcos"), Luis Eduardo González González, Eduardo Bleier Horovitz, Juan Manuel Brieba, Carlos Arévalo Arispe, Julio Correa Rodríguez, Otermin Montes de Oca Domenech y Horacio Gelos Bonilla, y los homicidios de Fernando Miranda y Ubagesner Chaves Sosa, cuyos restos fueron encontrados en excavaciones realizadas recientemente en predios militares.
En su dictamen, la fiscal señala que Bordaberry "colaboró con la crueldad desplegada por los militares, prestando su nombre, su presencia, su apoyo, y asumiendo la responsabilidad de todo".
Además, señala que dio el golpe de Estado, violando la Constitución "y lo hizo con plena conciencia y voluntad, tal como lo manifestó en su declaración en Sede Judicial"
La Justicia seguirá su curso, con todas las garantías de investigación y defensa y este sólo hecho es un cambio sustancial para la institucionalidad jurídica y para la vida democrática del país.
Recién 36 años después de haber dado un golpe de Estado y violar la Constitución y recién 24 años después de recuperada la democracia, la sociedad uruguaya puede hacer responder por su conducta a quienes violaron la constitución.
El juicio al golpista y dictador Juan María Bordaberry, implica un paso de enorme importancia para la consolidación democrática de nuestro país.
No significa sólo cerrar las cuentas de un pasado no resuelto, es un mensaje de enorme importancia para el presente y también para el futuro.
Los golpistas y los violadores de los derechos humanos, los que como bien señala la fiscal Tellechea, cometieron o permitieron y respaldaron, crímenes de lesa humanidad, no pueden quedar impunes.
La impunidad es un veneno para la democracia, corroe, debilita y mutila a la sociedad y además alienta repeticiones.
Para que el nunca más, que la inmensa mayoría de los uruguayos respaldamos sea una realidad, los golpistas no pueden quedar impunes.
Bordaberry encabezó la asonada motinera contra las instituciones, la impulsó, la concretó y hasta se dio a la tarea de darle sustento ideológico.
Cuando miramos a Honduras, cuando recordamos lo que ocurrió en 2002 en Venezuela o lo de Alberto Fujimori a fines del siglo XX en Perú, entendemos que no estamos hablando de un pasado remoto o de algo que nunca volvió a ocurrir.
Tanta fue la responsabilidad de Bordaberry que su modelo de golpismo es estudiado en el continente y en el mundo y en algunos países se llegó a hablar de la "bordaberrización" del proceso.
Pues bien, sin revanchismo de ningún tipo, con todas la garantías que brinda la ley que Bordaberry pisoteó, Uruguay hoy da un paso enorme al juzgarlo y enfrentarlo a las consecuencias de sus actos.
En Uruguay, ahora, los golpistas no quedan impunes, tienen que responder por sus actos ante una Justicia que puede actuar. No es poca cosa.
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