La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre la dación en pago y los desahucios
presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y
avalada por más de un millón y medio de firmas, sufrió ayer un parón en
su tramitación. Esta iba a tramitarse con el decreto del Gobierno sobre
el mismo asunto y se estaba a la espera de convocar la ponencia la
semana pasada y que empezara la andadura parlamentaria con carácter de
urgencia, después de haber recibido las enmiendas de los grupos.
Pues bien, el plazo de enmiendas se ha ampliado ahora hasta el
próximo 6 de marzo, aunque es posible que vuelva a producirse un nuevo
aplazamiento porque el motivo de la demora no se aclarará hasta el 14 de
marzo. El Gobierno está a la espera en esa fecha de una sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la actual legislación
hipotecaria, que se presupone desfavorable.
Esta próxima sentencia del Tribunal de Justicia europeo es la razón
que el Gobierno y la dirección del Grupo Popular han transmitido
oficiosamente a los grupos parlamentarios para hacerles ver que
convendría esperar a esa sentencia. Los representantes de los grupos
torcieron el gesto, pero no protestaron demasiado porque en este caso
alguna razón conceden al Gobierno.
Con la demora, los dictados de Bruselas se incluirían en las dos
iniciativas que hay en el Congreso: el decreto del Gobierno y la
Iniciativa Legislativa Popular aprobada por todos los grupos
parlamentarios, también por el PP, que reconsideró su negativa
poco antes de la votación. Hay muchas posibilidades de que el tribunal
europeo inflija un duro correctivo a la legislación actual, con lo que
se uniría a las quejas de la oposición y de los activistas de las
plataformas que desde hace cuatro años luchan por parar los desahucios.
Las protestas ciudadanas, el criterio desfavorable de los jueces a la
dureza de la legislación, los requerimientos de la defensora del Pueblo,
han hecho mella en el Gobierno, que ya tiene previsto aflojar la
rigidez e inflexibilidad actual de la legislación española.
Las posibilidades del correctivo del tribunal europeo se deducen
porque este organismo tiene sobre la mesa el dictamen de la abogada
general del Tribunal de Justicia de la UE, Juliane Kokott, que considera
las normas españolas que regulan los procesos de desahucio del todo
incompatibles con la doctrina de protección de los consumidores. Estos
dictámenes tienen una receptividad alta por parte del tribunal.
El origen del trabajo de la letrada parte del juzgado número 3 de
Barcelona donde llegó el caso de un desahucio por impago de un ciudadano
que, a su vez, denunció a su banco, Catalunya Caixa. El afectado estimó
que se le había aplicado una condición que consideraba nula. A este
caso se refiere Kokott en su informe que fue tomado en consideración por
el tribunal europeo.
La letrada entiende que se vulneran los derechos de defensa de la
persona cuando de entrada se le expulsa de la casa y esta se subasta, de
manera que cuando el afectado litiga ya tiene el caso perdido. Desde la
perspectiva europea, que invoca Kokott, los ciudadanos deben tener un
recurso legal eficaz para poder demostrar que las características del
préstamo podrían ser abusivas y detener la ejecución hasta que se
resuelva la causa judicial.
Así las cosas, el Gobierno prefiere ser prudente y detener las nuevas
normas hasta escuchar al tribunal europeo. Este aplazamiento supondrá
que los plazos previstos están en peligro al resultar casi imposible que
la futura ley salga del Congreso camino del Senado el 29 de marzo, como
en un principio se ideó.
Entretanto, los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca
van a reanudar sus acciones con escritos a los parlamentarios para que
la nueva ley contenga sus reivindicaciones mínimas: dación en pago con
carácter retroactivo, paralización de todos los desahucios en marcha y
creación de un parque de alquiler de viviendas sociales, con un precio
módico. La primera condición no la avala el Gobierno ni tampoco el
sector bancario. De ser así las condiciones para la concesión de
hipotecas serían mucho más duras, advierten en las entidades
financieras. La entrega de la casa para liquidar la deuda no puede ser
general sino para personas especialmente vulnerables. Pero la Plataforma
quiere que se cumplan los puntos de la Iniciativa Legislativa Popular,
todos, y globalmente los grupos parlamentarios la apoyan, aunque hay
matices.
El PNV ha presentado una enmienda a la iniciativa legislativa popular
de manera que la retroactividad de la dación en pago sea únicamente
para casos de especial gravedad. El resto de los grupos presentarán sus
enmiendas en las próximas horas.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca renueva su decisión de
vigilar a los diputados. “Señalaremos a quien no apoye la iniciativa
porque serán los responsables de tanto sufrimiento”, ha advertido la
portavoz de la plataforma Ada Colau. ¿Qué hará la plataforma?:
“Escrachar”, que quiere decir “poner en evidencia”, según un término
utilizado en Argentina. Numerosos colectivos lo utilizaron para apuntar a
los colaboradores de la dictadura en protesta por la inacción de la
justicia contra ellos por lo que ellos les “escrachaban”, es decir, les
señalaban y apuntaban públicamente. Ese “escrachamiento” o señalamiento
es el que emprenderá la plataforma con los parlamentarios que no
escuchen sus demandas a favor de los desahuciados.
Su
historia me lo confirma. Una historia que empieza en los años ochenta,
termina –por ahora– en 2011 y que nos muestra que la guerra fría entre
Cuba y Estados Unidos sigue vigente. Capote era vicepresidente de la
asociación cultural Hermanos Saíz en la provincia cubana de Cienfuegos,
en torno a la cual se estaba aglutinando un grupo de escritores jóvenes
muy críticos, lo que les situó en la mira de los estadounidenses que
consideraron equivocadamente que podrían ser reclutados para combatir la
revolución cubana. 
