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jueves, 15 de agosto de 2013

La fiscalía mexicana pide detener al ‘narco de narcos’ para extraditarlo

La Procuraduría (Fiscalía) General de la República (PGR) ha comunicado este miércoles que ya cuenta con una “orden de detención provisional con fines de extradición” contra Rafael Caro Quintero, conocido como el narco de narcos, por “diversos delitos por los que se le acusa ante una Corte Federal de Distrito en California”. El histórico capo mexicano, fundador junto a Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo del extinto cártel de Guadalajara, salió el pasado viernes de prisión tras haber permanecido entre rejas 28 años acusado del secuestro y homicidio del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena en febrero de 1985. Un tribunal de Jalisco otorgó un amparo a Caro Quintero (La Noria, Sinaloa, 1952) al considerar que este nunca debió de ser juzgado por el fuero federal, sino por el común.
A través de una nota de prensa, la Fiscalía mexicana indica que la solicitud de detención provisional formulada por el Gobierno de los Estados Unidos “fue presentada por conducto de la PGR ante un Juez Federal, quien resolvió la procedencia del otorgamiento de dicha medida provisional”. La Procuraduría informa de que una vez que se cumplimente la orden de detención contra Caro Quintero, el Gobierno norteamericano tendrá 60 días para presentar la solicitud formal de extradición.
La liberación del narcotraficante el 9 de agosto, justificada por “un error procesal” preocupó tanto a las autoridades mexicanas como al Gobierno de Estados Unidos. En cuanto se conoció la noticia, la DEA se declaró “profundamente preocupada” por la decisión del tribunal y aseguró que continuaría esforzándose para que "el infame narcotraficante" enfrentase cargos por los crímenes cometidos. Además, ya en diciembre de 2012, la Agencia Antidrogas de EE UU había emitido una alerta internacional en la que solicitaba su extradición.
El narco de narcos fue apresado en abril de 1985 en Costa Rica. En estos casi 30 años ha logrado esquivar cinco cargos por asesinatos, asociación criminal, secuestro de 4.000 campesinos a los que obligaba a trabajar en el cultivo de drogas y contra la salud pública. Hasta ahora, la única sentencia que la justicia mexicana le ha hecho cumplir en su totalidad es la condena a 15 años de cárcel por tráfico de marihuana.

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