A la segunda, puede ser la vencida. Hosni Mubarak,
con sus 85 años recién cumplidos, regresa este sábado al banquillo para
rendir cuentas por la muerte de 850 manifestantes durante las revueltas
que forzaron su salida
en febrero de 2011. El primer veredicto -cadena perpetua- fue anulado
en enero y el pasado 13 de abril la repetición del juicio fue aplazada después de que el juez decidiera retirarse del proceso.
Ahora -designado un nuevo magistrado, Mahmud Kamel el Rashidi- el
desteñido "juicio del siglo" podría iniciar su segundo, y quizás
definitivo, asalto. La vista, que se celebra en una academia de policía ubicada a las afueras de El Cairo,
es retransmitida -con permiso del tribunal- por la televisión estatal.
Como sucede desde que el 3 de agosto de 2011 diera comienzo este proceso
interminable, se han desplegado fuertes medidas de seguridad en unas inmediaciones que pueblan simpatizantes y detractores del ex mandatario con su habitual circo de pancartas y retratos.
Banquillo de acusados
Mubarak, el general que gobernó Egipto durante tres décadas, será trasladado en helicóptero desde la cárcel de Tora,
a la que regresó recientemente después de que un equipo médico
confirmara que su estado de salud ha mejorado. Su equipo de letrados
batalla por conseguir su libertad provisional pero hasta la fecha el
Tribunal Penal de El Cairo ha rechazado la solicitud. El autócrata
permanece en prisión preventiva mientras se investigan varios casos de
corrupción.
El anciano volverá a comparecer postrado en una camilla y enjaulado junto a sus hijos Gamal y Alaa,
acusados de corrupción y enriquecimiento ilícito. Además se sientan en
el banquillo el ex ministro de Interior Habib el Adli, condenado a una
cadena perpetua también anulada y seis de sus principales colaboradores
cuya absolución provocó en enero la indignación de víctimas y
activistas.
El último inculpado, el empresario hispano-egipcio Husein Salem,
será juzgado en rebeldía. Huido de Egipto en febrero de 2011, fue
detenido en Madrid meses después y se encuentra actualmente en libertad
bajo fianza en España. Salem está acusado de exportar gas a Israel por
debajo del precio del mercado y regalar a Mubarak varias mansiones en
Sharm el Sheij a cambio de la cesión de terrenos propiedad del Estado.
La principal incógnita de unos tribunales en el ojo del huracán por
su incapacidad para hacer justicia y condenar a los responsables de la
represión se centra en las nuevas pruebas que implican a Mubarak. El mes
pasado la fiscalía general remitió las pesquisas que apuntan a la
participación del 'rais' en la brutal respuesta policial a las
manifestaciones de 2011. Sin embargo, se desconoce si podría incluirse
en el sumario del nuevo juicio.
Las evidencias están recogidas en las conclusiones del informe de la
comisión designada por el presidente Mohamed Mursi y encargada de
investigar la represión durante el levantamiento. El dossier -elaborado
por activistas, víctimas, abogados o miembros del poder judicial-
demostraría lo que no pudo probarse durante el juicio e impidió la pena
capital solicitada por el ministerio público: Qqe el dictador sabía de la brutal respuesta policial y ordenó abrir fuego contra los manifestantes.
Según este voluminoso documento -con más de 1.000 páginas-, el mandatario tuvo en todo momento conocimiento de lo que sucedía a través de un televisor instalado 'ad hoc' en su oficina de palacio y conectado a un canal cifrado que transmitía en directo la batalla campal de la plaza Tahrir, el corazón de las protestas.
Con una investigación marcada por la falta de colaboración del
Ministerio del Interior y una sentencia anulada por los errores
judiciales, la repetición carece ya de la expectación que suscitaba
antaño. El destino de Mubarak es un problema menor comparado con el
quebradero de cabeza que representa un país habitado por la polarización
política, amenazado periódicamente por la violencia sectaria, asaltado
por la falta de seguridad y al borde del colapso económico.
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