El juez José Castro mantiene en caliente la instrucción del caso Nóos pese al revés que recibió con el auto de la Audiencia de palma que suspendió —“de momento”, precisó la sala—
la imputación de la Infanta Cristina en la supuesta trama global
delictiva de su esposo Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres.
Castro tomó este viernes la puerta que le indicó el tribunal para
profundizar sobre la actuación de la hija del Rey en una posible
defraudación a Hacienda en colaboración con Urdangarin. El fiscal Pedro
Horrach no pondrá obstáculos a la nueva vía de investigación, según
fuentes de Anticorrupción. El fiscal ya rechazó, con las tesis de
Hacienda, que Cristina de Borbón cometiese delito y se opuso a la imputación que dictó el juez.
La Audiencia observó en su auto de desimputación que “no se puede
descartar” que la hija del Rey “hubiera podido participar” en la
comisión de un delito. Cristina de Borbón es copropietaria de Aizóon al
50% —socia no administradora— con Iñaki Urdangarin. Esta empresa es “una
sociedad pantalla que su marido usaba para defraudar”, según
escribieron los magistrados, quienes advierten de que deberá ser un
análisis de la Agencia Tributaria el que ratifique los indicios para una
eventual imputación. La Audiencia emplazaba a los técnicos tributarios y
al instructor de la causa a determinar si hay pistas suficientes para
imputar a la infanta.
El instructor del caso Nóos, tras la rectificación a su auto
de imputación global, aceptó el envite de la Audiencia de Palma y
repartió juego, quiso implicar a otras partes. Este viernes al mediodía
se reunió en su despacho durante una hora con el fiscal Pedro Horrach
“para organizarse”, para preparar el calendario de actuaciones y el de
declaraciones. Miraron la agenda y reflexionaron sobre el estado de la
causa, tras su disidencia sobre la Infanta.
Castro dictó una providencia en la que señala que quiere conocer, en
cinco días, qué posición adoptan las cinco acusaciones personadas sobre
la nueva vía de indagación que le dibuja la Audiencia de Palma. “Nuevas
líneas de investigación insinuadas”, escribe. La Fiscalía esperará a
mitad de semana para emitir el informe, que será de no oposición a las
indagaciones complementarias. Horrach conoce el criterio técnico de los
inspectores y juristas de Hacienda, que rechazan la imputación a las
parejas y los simples socios de los infractores.
Los acusadores son, finalmente, emplazados por el juez a concretar o averiguar si la infanta Cristina de Borbón ha de ser imputada.
La Audiencia indica que la vía podría ser como “cooperadora omisiva” en
los tres delitos fiscales y en otros de blanqueo de capitales de los
que acusa a Iñaki Urdangarin. Las acusaciones suponen que la Infanta no
podía ignorar el origen ilegal del dinero público, en cuanto a que
“provenía de un delito de malversación o de fraude”.
Los impulsores de la causa del caso Nóos que ahora toman
iniciativa son la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado
—personada exclusivamente para los delitos fiscales—, la Abogacía de la
Comunidad (Gobierno de Baleares), el Partido Popular —que apenas ha
intervenido—, el seudosindicato ultraderechista Manos Limpias y se
estrena este mes, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de
Valencia. Los concejales se han incorporado para defender los fondos
públicos que se destinaron a Nóos desde las instituciones dominadas por
el Partido Popular Valenciano. Solo Manos Limpias tiene una posición
activa y claramente beligerante sobre el papel de la Infanta; el resto
ha sido adverso o pasivo, hasta ahora.
Ante la existencia de resoluciones y recursos en discrepancia sobre
este punto, el asunto de la Infanta rebotará otra vez ante la Audiencia
de Palma que deberá resolver en consecuencia y de acuerdo con la
posición que acabe siendo marcada. El nuevo cauce de investigación está
construido, en siete folios, y aparece como una adición al caso Nóos que
la Audiencia efectúa como una enmienda a juez y acusadores. La
Audiencia critica el trabajo parcial de la Agencia Tributaria al
analizar los delitos de Urdangarin y no de su socia.
“La Infanta debería saber o conocer que para entonces [marzo de 2006,
cuando ella salió del Instituto Nóos, por la posición de la Casa Real
]Aizóon era una sociedad pantalla y que su marido la utilizaba para
defraudar a Hacienda”. Lo indican los magistrados de la Audiencia, Diego
Gómez-Reino y Mónica de la Serna (con el voto discrepante de Juan
Jiménez, favorable a la imputación).
La “actividad de defraudación tributaria de naturaleza” delictiva,
como denominó el juez Castro en la causa a los delitos fiscales, se
concretó en el impago del impuesto de sociedades e IRPF en al menos tres
ejercicios. A través de esa actuación, Iñaki Urdangarin
(y, teóricamente, su esposa) “se ha enriquecido con contratos ilegales y
dinero público por facturas giradas por Aizóon a Nóos”, señaló la
Audiencia. “¿Los pagos a Aizóon a quién deben imputarse? ¿A la persona
física Iñaki Urdangarin o a la entidad que comparte con su esposa?”, se
pregunta.
Por otra parte, el juez ha citado para el día 10 de junio a dos
imputados, apoderados y hombre de paja, respectivamente, en negocios del
duque de Palma, Mario Sorribas y Robert Cockx, y al empresario
colaborador Alex Sánchez Mollinger, en calidad de testigo. Una operación
internacional con Aguas de Valencia de más de 300.000 euros, con hasta
siete socios y testaferros, está bajo sospecha.
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