Todo el país quiere escuchar lo que tiene que decir y hoy tiene la
primera oportunidad para hacerlo. Mariano Rajoy clausura hoy en Almería
una cumbre municipal del PP que se ha visto eclipsada por completo por
las últimas noticias relacionadas con su ex tesorero Luis Bárcenas y que
amenazan con la estabilidad del partido que gobierna actualmente el
país.
Ayer, EL MUNDO desveló
que el máximo responsable de las finanzas del PP pagó sobresueldos en
negro durante años a parte de la cúpula del partido. Las cantidades que
contenían los sobres oscilaban entre los 5.000 y los 15.000 euros
mensuales.
Anteriormente, la Justicia descubrió que Bárcenas dispuso de hasta 22 millones en una cuenta en Suiza. Después, el también senador del PP por entonces regularizó 10 millones gracias a la amnistía fiscal.
Ante todo este terremoto político que tambalea al PP, el presidente
del Ejecutivo y presidente 'popular' guarda silencio. No ha hecho
ninguna declaración pública al respecto. Sí lo hizo pocas horas después
de conocerse las información de este diario la secretaria general del
PP, María Dolores de Cospedal, quien en mitad de esta tormenta ha
querido dejar claro un mensaje: "Cada uno que aguante su vela".
La 'número dos' del PP ha negado "rotundamente" y "claramente" que
ese tipo de pagos se hayan producido durante su etapa como secretaria
general, cargo que ocupa desde 2008. Asimismo, ha añadido que tampoco le
"consta" esa práctica en etapas anteriores del partido.
Cospedal presumió de haber cambiado el método de trabajo en las
cuentas del partido desde que ella tomó posesión como secretaria general
del PP en junio de 2008. "Rajoy me dio manos libres para este tema y todos los demás", explicó. "Dije a mis colaboradores que tenían que actuar con cumplimento de la ley" y "de forma escrupulosa".
También la rueda de prensa que sigue al Consejo de Ministros estuvo monopolizada por este caso. Soraya Sáenz de Santamaría,
preguntada sobre si en calidad de secretaria ejecutiva de Política
Autonómica y Local del PP entre 2004 y 2008 recibió dinero negro,
respondió: "A título personal, en ese tiempo ni vi, ni se me ofreció, ni
se me dio ningún sobre con dinero y por supuesto, no lo hubiera
aceptado". Posteriormente, dio un paso más: "Si lo hubiera visto o lo hubiera escuchado no me hubiera callado".
Desde que estallase el 'caso Gürtel-Bárcenas' -que aparecía en la
contabilidad paralela de la trama dirigida por Francisco Correa como
'Luis el cabrón'-, ha venido amenazando a las más altas instancias del
PP con identificar a los perceptores de los sobresueldos si no le
libraban de "comerse el marrón judicial".
Al más puro estilo Diego Torres -ex socio de Iñaki Urdangarin-, advierte que, o le buscan un atajo para sortear la cárcel, o arrojará "las bombas atómicas"
que obran en su poder. El pasado miércoles se hizo público que el
hombre que gestionaba las finanzas del PP llegó a tener, "junto a otras
personas" cuya identidad no ha revelado, 22 millones de euros en el
Dresdner Bank de Ginebra a través de una sociedad panameña.
Las informaciones periodísticas sobre la persona que controlaba las
cuentas del partido durante años ha eclipsado la temática sobre la que
versaba este encuentro de los 'populares', la reforma de la
Administración Local. El Gobierno quiere aprobar medidas en este sentido
en Consejo de Ministros antes de que acabe enero -previsiblemente el
día 25-, para clarificar las competencias de los Ayuntamientos, evitar duplicidades,
reducir el número de ediles y rebajar el sueldo de los cargos públicos
locales. Con esta reforma el Ejecutivo calcula que ahorrará alrededor de
3.500 millones.
Pese a los contactos que han mantenido estos últimos meses Gobierno,
PP y PSOE para llegar a un acuerdo, el primer partido de la oposición ya
ha adelantado que no pactará esta reforma con el Ejecutivo y ha
avanzado que va a preparar su propio documento, que ofrecerá al resto de
las fuerzas políticas para llegar a un acuerdo entre todos.
Las principales discrepancias con el Gobierno están en que los socialistas no quieren que las Diputaciones presten los servicios municipales porque creen que es una excusa para privatizarlos y tampoco están de acuerdo con reducir el número de ediles.
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