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sábado, 19 de enero de 2013

Rajoy interviene hoy ante su partido en plena convulsión por el 'caso Bárcenas'

Todo el país quiere escuchar lo que tiene que decir y hoy tiene la primera oportunidad para hacerlo. Mariano Rajoy clausura hoy en Almería una cumbre municipal del PP que se ha visto eclipsada por completo por las últimas noticias relacionadas con su ex tesorero Luis Bárcenas y que amenazan con la estabilidad del partido que gobierna actualmente el país.
Ayer, EL MUNDO desveló que el máximo responsable de las finanzas del PP pagó sobresueldos en negro durante años a parte de la cúpula del partido. Las cantidades que contenían los sobres oscilaban entre los 5.000 y los 15.000 euros mensuales.
Anteriormente, la Justicia descubrió que Bárcenas dispuso de hasta 22 millones en una cuenta en Suiza. Después, el también senador del PP por entonces regularizó 10 millones gracias a la amnistía fiscal.
Ante todo este terremoto político que tambalea al PP, el presidente del Ejecutivo y presidente 'popular' guarda silencio. No ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Sí lo hizo pocas horas después de conocerse las información de este diario la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien en mitad de esta tormenta ha querido dejar claro un mensaje: "Cada uno que aguante su vela".
La 'número dos' del PP ha negado "rotundamente" y "claramente" que ese tipo de pagos se hayan producido durante su etapa como secretaria general, cargo que ocupa desde 2008. Asimismo, ha añadido que tampoco le "consta" esa práctica en etapas anteriores del partido.
Cospedal presumió de haber cambiado el método de trabajo en las cuentas del partido desde que ella tomó posesión como secretaria general del PP en junio de 2008. "Rajoy me dio manos libres para este tema y todos los demás", explicó. "Dije a mis colaboradores que tenían que actuar con cumplimento de la ley" y "de forma escrupulosa".
También la rueda de prensa que sigue al Consejo de Ministros estuvo monopolizada por este caso. Soraya Sáenz de Santamaría, preguntada sobre si en calidad de secretaria ejecutiva de Política Autonómica y Local del PP entre 2004 y 2008 recibió dinero negro, respondió: "A título personal, en ese tiempo ni vi, ni se me ofreció, ni se me dio ningún sobre con dinero y por supuesto, no lo hubiera aceptado". Posteriormente, dio un paso más: "Si lo hubiera visto o lo hubiera escuchado no me hubiera callado".
Desde que estallase el 'caso Gürtel-Bárcenas' -que aparecía en la contabilidad paralela de la trama dirigida por Francisco Correa como 'Luis el cabrón'-, ha venido amenazando a las más altas instancias del PP con identificar a los perceptores de los sobresueldos si no le libraban de "comerse el marrón judicial".
Al más puro estilo Diego Torres -ex socio de Iñaki Urdangarin-, advierte que, o le buscan un atajo para sortear la cárcel, o arrojará "las bombas atómicas" que obran en su poder. El pasado miércoles se hizo público que el hombre que gestionaba las finanzas del PP llegó a tener, "junto a otras personas" cuya identidad no ha revelado, 22 millones de euros en el Dresdner Bank de Ginebra a través de una sociedad panameña.
Las informaciones periodísticas sobre la persona que controlaba las cuentas del partido durante años ha eclipsado la temática sobre la que versaba este encuentro de los 'populares', la reforma de la Administración Local. El Gobierno quiere aprobar medidas en este sentido en Consejo de Ministros antes de que acabe enero -previsiblemente el día 25-, para clarificar las competencias de los Ayuntamientos, evitar duplicidades, reducir el número de ediles y rebajar el sueldo de los cargos públicos locales. Con esta reforma el Ejecutivo calcula que ahorrará alrededor de 3.500 millones.
Pese a los contactos que han mantenido estos últimos meses Gobierno, PP y PSOE para llegar a un acuerdo, el primer partido de la oposición ya ha adelantado que no pactará esta reforma con el Ejecutivo y ha avanzado que va a preparar su propio documento, que ofrecerá al resto de las fuerzas políticas para llegar a un acuerdo entre todos.
Las principales discrepancias con el Gobierno están en que los socialistas no quieren que las Diputaciones presten los servicios municipales porque creen que es una excusa para privatizarlos y tampoco están de acuerdo con reducir el número de ediles.

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