Los alcaldes socialistas están tomando posiciones
frente al drama imparable de los desahucios. Tras la decisión anunciada
por los Ayuntamientos de Zaragoza, Vigo, Toledo, Irún (Gipuzkoa) o Sant
Andreu de la Barca (Barcelona) de romper su relación con los bancos si
continúan ejecutando desalojos, ahora el Ayuntamiento de Tarragona
también amenaza con extraer su dinero de las entidades que practiquen
desahucios en esta ciudad. El Consistorio, gobernado por el PSC, prevé
aprobar esta medida y anima a todos los partidos a sumarse a ella. Sus
cuentas están valoradas en unos cuatro millones de euros colocados en
varios bancos. Se convertirá, así, en la primera capital catalana en
impulsar una iniciativa de este calibre.
Además, la Guardia Urbana de Tarragona tampoco participará en desahucios de familias
a no ser que les obligue una orden judicial. “Los bancos reciben ayudas
de 37.000 millones de euros y en lugar de dar créditos y negociar,
miles de personas están siendo desalojadas de sus hogares. Hay dos
millones de viviendas vacías en España, las instituciones no podemos ser
indiferentes a esta realidad social”, afirma el edil de Relaciones
Ciudadanas de Tarragona, Francisco Zapater.
Según el concejal socialista, el municipio prevé abrir una oficina
para asesorar a quienes se encuentren en riesgo de desahucio y tratar
con las entidades bancarias para “conseguir que las familias permanezcan
en sus casas” propiciando, si cabe, alquileres sociales. El
Ayuntamiento también impulsará un manifiesto en este sentido, al que
podrán adherirse todos los vecinos de la ciudad, y sopesa crear una
comisión entre afectados, consistorio, cajas y bancos. “En el término
municipal de Tarragona son decenas las personas que se encuentran en
riesgo de lanzamiento, como llaman los bancos técnicamente a los
desahucios. Está cundiendo el pánico; nosotros hemos lanzando una piedra
dentro del estanque, pero ahora esperamos que el círculo se agrande”,
dice Zapater.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)
espera que se sumen a la decisión otros municipios. Solo en la
provincia de Tarragona esta entidad calcula que, en los últimos 18
meses, alrededor de 3.000 familias han sido notificadas por bancos y
cajas de que podrían perder sus viviendas. “El Gobierno ha de aprobar ya
la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), apoyada por 850.000 personas,
para acordar la dación en pago con efecto retroactivo”, argumenta Joan
Bel, portavoz de la PAH en Tarragona. Bel expone el caso de una pareja
en paro con una deuda de 140.000 euros a la que el viernes su entidad
bancaria aceptó la dación en pago. “Irán a vivir con sus padres, podrán
ir a buscar trabajo en cualquier parte del mundo, dejarán de estar
presos de su deuda”.
Las iniciativas anunciadas por el Ayuntamiento de Tarragona se
incluyen en el paquete de medidas consensuadas por regidores del PSOE el
pasado 19 de noviembre durante una reunión en la sede federal del
partido a la que asistió la número dos, Elena Valenciano; el responsable
Municipal, Gaspar Zarrías, y la portavoz de Vivienda, Leire Iglesias.
En otras localidades gobernadas por coaliciones junto al PSOE, como
Santa Cruz de Tenerife, también se han adoptado estas decisiones.
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