Hoy se cumplen dos años del cierre del espacio aéreo
por parte de AENA y la Justicia comienza a poner luz sobre aquellos
incidentes. El magistrado Vázquez Taín, del Juzgado de Instrucción
número 2 de Santiago de Compostela, consiguió
el pasado día 27 una confesión muy esclarecedora del que entonces era
jefe de división de control del aeropuerto de Lavacolla, Pedro Garea.
El directivo de AENA reconoció ante el juez que los controladores no fueron los responsables del cierre del espacio aéreo
y que con antelación a los hechos, en el mes de noviembre, ya le habían
avisado que estaban a punto de sobrepasar las horas que por ley podían
hacer.
Garea también reconoció en sede judicial que todas esas
circunstancias las comunicó a Madrid, que no tomaron ninguna decisión y
que antes del cierre del espacio aéreo le llamaron desde la central, no aclaró qué directivo lo hizo, y le dijeron: "Nada, tú tranquilo que ya mañana somos militares".
Las revelaciones de Garea confirman que tanto el ministro de Fomento,
José Blanco, como el de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya habían
tomado la decisión de militarizar el espacio aéreo bastante antes de que
se decretara su cierre.
Y, además, los documentos internos de AENA y AESA (Agencia Estatal de
Seguridad Aérea) que publica este lunes EL MUNDO confirman que Carmen
Librero, ex jefa de Navegación Aérea en el anterior Gobierno y actual
secretaria general de Transportes en el Ejecutivo de Mariano Rajoy, conocía con antelación que los controladores, por ley, no podían continuar en su puesto de trabajo.
Se da la circunstancia de que mientras que Carmen Librero informaba
el pasado día 27 en la Comisión de Fomento del Congreso que "los
controladores abandonaron de forma masiva sus puestos" y que por esos
hechos tuvieron que cerrar el espacio aéreo, uno de sus ex subordinados,
Pedro Garea, declaraba en sede judicial todo lo contrario. De esta
manera se produce una grave contradicción entre los dos ex altos cargos
de AENA: Librero pudiera no haber dicho verdad en sede parlamentaria o
Garea pudo haber cometido perjurio ante el magistrado Vázquez Taín.
Junto a las declaraciones aclaratorias de Pedro Garea ante el juez de
Santiago de Compostela, también se ha sabido estos días que varios
juzgados de los Social de aquella capital gallega han revocado ocho de
las sanciones impuestas por AENA en 2010 a los controladores aéreos del
aeropuerto de Lavacolla por negarse a "trabajar de manera ilegal por
falta de horas".
Los procesos judiciales contra los controladores aéreos todavía permanecen abiertos en Santiago de Compostela, Palma de Mallorca, Canarias y Madrid.
El conflicto de Mallorca también comienza a aclararse después de que
los controladores hayan aportado documentación en sede judicial que
demuestran que avisaron con antelación que se quedaban sin horas, tal
como ocurrió en Santiago, y que los partes médicos acreditan que algunos
de ellos tuvieron que ser tratados con valium.
Y en Madrid, según ha podido saber elmundo.es de fuentes judiciales,
el abogado José Antonio Choclán presentó el pasado viernes un escrito en
el Juzgado de Instrucción 3 bis de Madrid donde acredita que "los controladores nunca abandonaron su puesto de trabajo" y que "la declaración de Rate 0 (cierre del espacio aéreo) se tomó sin justificación operativa".
Miguel Sierra, nuevo presidente de la Unión Sindical de Controladores Aéreos
(USCA), declaró a EFE que "la ministra Ana Pastor intenta recuperar las
deterioradas relaciones que dejó el anterior titular de Fomento, José
Blanco, y espero que se vayan cerrando todos los procesos judiciales y
se demuestre que ningún controlador dejó su puesto de trabajo".
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