La Guardia Civil ha desmantelado una red que ofrecía a mujeres
inmigrantes, sobre todo marroquíes, regularizar su situación y acceder a
ayudas públicas mediante falsas denuncias por violencia de género hacia
sus parejas residentes en España, que la propia banda les buscaba en
Almería, principalmente hombres de la misma nacionalidad, a quienes la
banda ofrecía entre 2.000 y 4.000 euros por interpretar su papel de
maltratadores.
En la 'operación Pomelo' han sido detenidas 18 personas, entre los que se encuentran los
responsables del grupo, que ponían en contacto a las inmigrantes que
querían legalizar su situación en España con hombres residentes en la
provincia de Almería. A continuación, simulaban una relación y
la mujer presentaba una denuncia por violencia de género para obtener
así la regularización y, además, iniciar la tramitación de una
subvención de 400 euros.
La Benemérita ha detenido a los tres organizadores de la
trama, además de a otros seis varones y nueve mujeres que participaron
en los hechos. En la operación también se han practicado dos
registros en los domicilios de algunos de los implicados, donde se ha
intervenido abundante documentación que está siendo analizada.
Hasta el momento, se ha determinado la implicación de los detenidos
en al menos 14 delitos de denuncias falsas por violencia de género, con
las que pretendían obtener la regularización de su situación e iniciar
la tramitación de una subvención.
Aumento de denuncias por violencia de género
La investigación se inició después del verano, al detectarse un
aumento significativo de denuncias por violencia de género entre
ciudadanos marroquíes ante la Guardia Civil de El Ejido, en las que
coincidían una serie de características y patrones comunes.
Tras las primeras averiguaciones, se localizó a un grupo
organizado compuesto por tres personas de nacionalidad marroquí que se
dedicaban a buscar mujeres marroquíes en situación irregular en España.
Les ofrecían poder acceder a regularizar su situación administrativa
simulando ser víctimas de violencia de género, además de posibilitarles
acceder a las ayudas económicas que se conceden en España para las
víctimas de estos delitos.
Para ello contactaban con varones marroquíes, con situación
administrativa regularizada en España, a los cuales les ofrecían entre
2.000 y 4.000 euros por simular ser pareja y agresor de la mujer, con la
promesa de que cuando ésta consiguiera su residencia legal en España
retiraría la denuncia y la causa se archivaría, quedando sin antecedes
por dichos delitos.
Una vez interpuesta la denuncia y con la sentencia provisional, las
mujeres acudían a la Oficina de Extranjeros de Almería, donde
presentaban una solicitud de residencia y trabajo por circunstancias
excepcionales, conforme a su consideración de víctimas de violencia de
género. En los casos investigados hasta el momento estas ayudas eran
concedidas en el plazo de un mes.
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