La prostitución callejera, los clubes de alterne o los anuncios de
sexo de pago en domicilios están tan asumidos como parte del paisaje que
solo puntualmente se presta atención al drama humano que muchas veces
esconden. Sin embargo, es tan grave como que entre 2009 y 2011 la
policía detectó en España a más de 4.000 víctimas de trata de seres
humanos con fines de explotación sexual. Es decir, más de 4.000 personas
fueron obligadas a mantener múltiples relaciones sexuales contra su
voluntad a lo largo del día en una suerte de violación indefinida que
sin embargo pocas veces acaba en una condena penal para los culpables.
La Defensora del Pueblo,
Soledad Becerril, ha presentado esta mañana un informe sobre el
fenómeno de la trata de seres humanos llamado ‘Las víctimas invisibles’,
en el que recopila datos de la fiscalía y del Ministerio del Interior y
detecta graves carencias en la lucha contra esta lacra.
Un día antes, la Memoria de la Fiscalía General del Estado
de 2011 denunciaba la “indiferencia social” hacia este problema, “que
se traduce en la aceptación sin límites ni control de cualquier
actividad vinculada al proxenetismo en general o de la intermediación
lucrativa en el comercio sexual, en particular”, y que obstaculiza la
persecución penal de estos delitos. La fiscalía pide en este documento
que se prohíba el comercio sexual en todos aquellos casos en los que no
esté gestionado directamente por la prostituta.
“La admisión pura y llana de la figura del comerciante sexual y la
proliferación de establecimientos u otros lugares donde se lleva a cabo
el incontrolable comercio sexual de mujeres determina que queden
encubiertos multitud de casos en los que el ejercicio de la prostitución
es impuesto a la mujer a modo de esclava sexual, o en los que incluso
cuando ha prestado consentimiento, es posteriormente sometida a
condiciones insufribles e indignas”, argumenta la fiscalía.
Las cifras podrían ser incluso muy superiores al ya de por sí
intolerable dato de las 4.000 víctimas, ya que, según las estimaciones
de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en
Europa, solo se detecta una de cada 20 potenciales víctimas de trata con
fines de explotación sexual. El informe del Defensor del Pueblo compara
las cifras entre las posibles víctimas detectadas por las fuerzas de
seguridad y las finalmente identificadas. La policía consideró en
situación de riesgo en 2010 a 15.075 personas; pero las víctimas
identificadas ese año fueron 1.641. Algo muy similar ocurrió el año
pasado: de 14.370 personas consideradas como posibles víctimas de trata,
fueron consideradas como tales al final 1.082.
En muchos casos puede ocurrir simplemente que hubo un error en la
valoración inicial. Pero desde el Defensor del Pueblo se alerta de que,
por las características de este delito y la renuencia de las víctimas a
declarar -por miedo a las represalias, dificultades con el idioma u
otros motivos-, es probable que haya múltiples casos que no entran en el
recuento final.
Por ello, recomienda a las instituciones que mejoren los métodos de
detección de las víctimas de trata, en especial en los puestos
fronterizos, donde muchas veces son catalogadas como meros inmigrantes
irregulares. Por otro lado, trata la cuestión del periodo de
restablecimiento y reflexión que la ley concede a las víctimas, durante
el cual reciben alojamiento y asistencia mientras deciden su desean
colaborar con las autoridades en la persecución del delito, y que estas
están rechazando masivamente. Lo hicieron 680 mujeres de las 763 a
quienes se les ofreció en 2011. Algo, señala el informe del Defensor,
está fallando.
Que las mujeres decidan colaborar con las autoridades es complicado.
Por ello, señala el Defensor, el restablecimiento y la reflexión deben
ser dos fases “claramente diferenciadas”. “En primer lugar, la víctima
debe recuperarse, sentirse segura, y solo cuando esta primera fase ha
culminado con éxito y siempre con el acompañamiento y asesoramiento de
una entidad especializada, podrá enfrentarse a la segunda fase, en la
que deberá ser informada de la posibilidad de cooperar con las
autoridades competentes”, señala el informe.
Los datos de eficacia en la persecución de estos delitos no son
alentadores. La policía ha incrementado el número de redadas y
operaciones de lucha contra la trata y la explotación sexual, hasta
llegar a la identificación de 4.000 víctimas en los tres últimos años.
En 2011 fueron 1.082, que dieron lugar a 208 atestados. En este sentido,
el informe del Defensor alaba “el creciente compromiso de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado en la lucha contra estas situaciones”.
Y, sin embargo, el número de diligencias previas incoadas el año pasado
por delitos de trata de seres humanos (el 92% de ellos con fines de
explotación sexual) fue de 64, de las cuales 14 han sido ya archivadas,
según datos de la Fiscalía.
¿Cuál es el problema? El informe del Defensor del Pueblo cuestiona
que los procedimientos judiciales sigan dependiendo casi exclusivamente
de las declaraciones de las víctimas -que en muchos casos están
amenazadas y no se atreven a denunciar a sus explotadores- y propone que
se exploren otras vías como las investigaciones financieras. “Es una
herramienta importante para la obtención de pruebas, la evaluación de
los riesgos, para conocer mejor el modus operandi de los tratantes y
para perfeccionar los métodos de detección”.
¿Quiénes son las afectadas? Las víctimas de prostitución coactiva en
España –que pueden ser o no víctimas de trata, en función de si han sido
trasladadas con fines de explotación sexual desde otro país- son
“prácticamente en su totalidad ciudadanas extranjeras”, según la
Fiscalía General del Estado. El 60% serían rumanas, según los datos del
ministerio público de 2010, y el 32% brasileñas. Las principales rutas
incluyen también como países de origen a Nigeria y a Paraguay. Las
cifras de la Secretaría de Estado de Seguridad (Ministerio del Interior)
de 2011 señalan que el 47% de las víctimas procede de América, el 45%
de Europa y el 7% de África.
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