Desde que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunciara un 'tijeretazo' de 65.000 millones la semana pasada, las protestas se han multiplicado. Tanto que el Congreso de los Diputados lleva blindado desde hace una semana después de que los ciudadanos lo eligieran como el primer lugar para manifestarse.
Aquel miércoles, el jefe del Ejecutivo y varios de sus ministros tuvieron que abandonar por la puerta de atrás la cámara en la que representan a los ciudadanos para evitar una concentración de funcionarios enfadados por la supresión de sus pagas extra de Navidad y la reducción de los días de libre disposición de los que gozan.
Desde entonces no ha vuelto a producirse una imagen similar, porque la Policía Nacional ha blindado rápidamente las inmediaciones del Congreso de los Diputados, fijando vallas metálicas de seguridad que cierran el perímetro y que están custodiadas por agentes que vigilan quién las atraviesa.
La zona está tomada por antidisturbios, furgonetas policiales y de vez en cuando se ven hasta policías a caballo. La policía identifica a muchas de las personas que andan por las aceras próximas e impide el acceso de vehículos a la zona.
El estado de sitio que vive el Congreso no ha gustado nada a sus inquilinos, los diputados, que ya han se quejado del férreo dispositivo de seguridad. Este miércoles, en la sesión de control el líder de Izquierda Plural se lo manifestó al presidente afirmando que "esto parece el G20".
También el Partido Socialista (PSOE) de Alfredo Pérez Rubalcaba ha instado a relajar el despliegue de seguridad. Y eso que la semana pasada vivió ante su propia sede nacional el enfado de unos ciudadanos enojados con la clase política.
"En nada ayuda a la propia imagen de la institución" mantener unas medidas que pueden tener justificación puntual pero que "la pierden absolutamente cuando se mantienen en el tiempo sin razón suficiente", manifestó la portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, en una carta enviada al presidente del Congreso de los Diputados instándole a pedir al Ejecutivo que retire el despliegue.
De hecho, se ha realizado una petición formal de todos los partidos, excepto del PP, al presidente de la Cámara, Jesús Posada, para que levante el vallado. Sin embargo, no parece que vaya a recibir la respuesta que quieren ya que el propio Posada se ha mostrado partidario de tan amplio dispositivo. "Más vale prevenir que curar", dijo este miércoles.
Aún así las tensión se palpa el ambiente. Ayer mismo se vivieron dos incidentes. Uno de ellos protagonizado por un diputado 'popular' al que se le requirió la identificación para poder acceder al Hemciclo y que le costó un discusión con un policía.
El segundo vino a cuenta de la protesta de las mujeres de los mineros en la Cámara Baja. El PSOE ha denunciado en una carta remitida a Posada, por el trato "vejatorio" que en su opinión se ha dado a las mujeres para poder acceder a la tribuna de invitados de la Cámara Baja y seguir desde allí el debate de su moción sobre el conflicto de la minería.
En la misiva, el Grupo Parlamentario Socialista denuncia el "totalmente injustificado" trato dispensado a las mujeres de los mineros que, según relata, han sido sometidas por parte de los servicios de Policía a "controles personales claramente desproporcionados y, en algunos casos, de carácter vejatorio".
Finalmente, el PSOE hace un llamamiento a Posada para que se abra una reflexión "sobre la persistencia de medidas y actuaciones, cada vez más frecuentes, que no facilitan a los ciudadanos la percepción del Congreso como una Cámara donde se encuentran sus representantes, ni la cercanía de las instituciones democráticas a los mismos ciudadanos".
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