Sindicatos denuncian ante la justicia a gobiernos españoles

Madrid, 8 jun (PL) Dos sindicatos nacionalistas españoles presentaron hoy ante el Tribunal Supremo (TS) una denuncia contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y sus predecesores en el cargo, por considerarlos responsables de la actual crisis económica. En su demanda, la Confederación Intersindical Galega (CIG), de Galicia, y el sindicato ELA, del País Vasco, acusaron a Rajoy y a los exjefes del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) y José María Aznar (1996-2004) de permitir el saqueo del país. La denuncia también se dirige contra el ministro de Economía, Luis de Guindos, y sus antecesores Elena Salgado, Rodrigo Rato y Pedro Solbes; el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez; y su anterior responsable, Jaime Caruana. Las organizaciones imputan a todos ellos delitos societarios y de prevaricación por omisión. Se dieron graves omisiones arbitrarias de resoluciones a las que estaban obligados por sus respectivos cargos, en aras de preservar los intereses económicos y financieros del conjunto de la población, reza el texto registrado en el alto tribunal. Asegura que la actuación de los denunciados ha provocado consecuencias colectivas desastrosas y alarmantes, y sostiene que no adoptaron medida efectiva alguna tendente a reconducir la situación económica y financiera del Estado. Estas personas son responsables por acción u omisión de haber consentido el control del Estado por parte del poder financiero, declaró a las puertas del TS el secretario general de Eusko Langileen Alkartasuna (ELA), Adolfo Muñoz. Indicó que la concentración de capital en manos del poder financiero deriva en el control de la política, de los medios de comunicación y en un embobamiento social fabricado para que estas cosas pasen sin que haya contestación social en las calles. Muñoz culpó a los responsables políticos de destinar un montón de dinero público a las entidades bancarias privadas, que está siendo utilizado por el sistema financiero para especular con la deuda pública y para ocasionar muchos más recortes sociales. A juicio del líder de la principal central obrera vasca, las causas de esa suerte de condescendencia de la clase política con el poder financiero es la financiación de los partidos, que se nutren de créditos de las instituciones crediticias que luego son condonados. Su homólogo de la CIG, Xesús Seixo, criticó por su parte que la Fiscalía mire para otro lado y no se utilice el Código Penal cuando se trata de delitos económicos y de exigir responsabilidades a la clase dirigente. Seixo manifestó que el billón de euros entregado a los bancos europeos no sirvió para que fluyera el crédito, motivo por el cual reclamó la creación de una banca pública para que el dinero llegue a las pequeñas y medianas empresas. La única manera de frenar este saqueo es la calle, un espacio que tiene que ser ocupado democráticamente para intentar detener esta situación, sentenciaron los sindicalistas.