“Se discute de forma urgente con las autoridades uruguayas los alcances de la medida”, confirmó a la AFP un representante de la embajada Británica.
El jueves, el mandatario uruguayo, José Mujica, informó que “existe una definición política para que no se permita el ingreso a puertos uruguayos de buques que utilicen bandera de las Islas Malvinas, cuya soberanía es reclamada por Argentina con el apoyo de Uruguay”, según publicó la Presidencia uruguaya en su página en internet.
Mujica remarcó que “los barcos mercantes con bandera inglesa pueden ingresar a puertos uruguayos como los de cualquier otro país”.
La sede diplomática británica no confirmó que hubiera solicitado una entrevista con el canciller uruguayo, Luis Almagro, como señalará el viernes el diario local El País.
La soberanía de las islas (Falklands para GB), situada a unas 400 millas marinas de la costa de Argentina que ocupara el Reino Unido en 1833, ha sido reclamada por el país sudamericano ante la ONU y otros organismos internacionales.
En 1982, Argentina y Gran Bretaña libraron una guerra por la soberanía de las islas, que terminó con el triunfo británico y la expulsión de las tropas argentinas que habían ocupado el archipiélago austral.
Argentina y Gran Bretaña recompusieron sus relaciones bilaterales, pero se viven momentos de intermitente presión entre las naciones desde que en 2003 llegó al poder el extinto presidente Néstor Kirchner, situación que se ha mantenido durante el gobierno de su esposa, Cristina Kirchner, que inicio días atrás su segundo mandato.
Inquietud española
Por otro lado, la inquietud alcanza a los negocios españoles en Uruguay y el Atlántico sur a través de la actividad pesquera. Fuertes intereses españoles del sector se verían afectados por la medida uruguaya. Así lo recoge en su edición el influyente diario gallego Faro de Vigo.
Bajo el título de “Uruguay impide a los 18 buques gallegos de bandera malvina acceder a Montevideo”, la crónica afirma que la flota gallega, en su totalidad de Vigo y O Morrazo, se muestra “confusa y preocupada” por la orden que le impide descargar en la capital uruguaya y que la deja con pocas alternativas.
Tras el acoso por parte de las patrulleras argentinas que vienen denunciando en los últimos meses los mandos de la flota pesquera española que faena en el Atlántico Suroccidental, en su práctica totalidad de capital gallego, el sector vive desde el pasado jueves en un nuevo estado de sobresalto, que los afectados describen como “horas de gran confusión y preocupación”.
Y ello desde que se conociera la orden del presidente de Uruguay, José Mújica, de prohibir el acceso al puerto de Montevideo a los buques que operan con pabellón de las islas Malvinas, “cuya soberanía es reclamada por Argentina con el apoyo de Uruguay”, según figura en la propia página web de la presidencia uruguaya.
Esta decisión tiene en vilo a los armadores y tripulantes de los 18 pesqueros de capital gallego que faenan en el Atlántico Suroccidental “a la captura de merluza y calamar” que operan bajo pabellón de Malvinas.
La flota gallega
Todos los buques son propiedad de empresas de Vigo, Marín o Cangas, que viven pendientes de las últimas noticias que llegan desde Uruguay para conocer la evolución de un conflicto “político en el que no entramos pero que nos vuelve a coger en medio”, señalan fuentes del sector, y que les deja sin poder usar el puerto donde desde hace más de veinte años descargan sus capturas para embarcarlas hacia Vigo en contenedores.
Según estimaciones del propio sector, la presencia de los pesqueros de capital español en el puerto de Montevideo deja al país de 200 a 300 millones de dólares anuales, por uso de servicios portuarios, aprovisionamiento o reparaciones.
De prolongarse la imposibilidad de descargar en Montevideo se crearía un problema de enormes proporciones a esta flota, al dejarla con pocas alternativas de descarga en la región, ya que tampoco las descargas en Brasil son viables al no contar ese país con autorización de la UE para emitir los certificados sanitarios que se exigen para los transbordos de la carga pesquera para su envío al territorio comunitario.
Uno de los armadores afectados por esta situación es Javier Touza, cuya empresa “Chymar” cuenta con dos buques faenando en aquel caladero bajo pabellón de Malvinas. De hecho, uno de ellos, el “Golden Touza”, está en ruta hacia Montevideo después de haber acudido a Vigo recientemente.
“A título personal, estamos trabajando con la administración nacional de los puertos y con la Prefectura Naval, que son los que tienen competencia en materia portuaria, y con la organización que agrupa a los consignatarios y operadores privados del puerto de Montevideo, tratando de al menos clarificar la situación para ver si esta orden es temporal o definitiva”, señalaba ayer Touza, quien también se mantenía al tanto de las conversaciones oficiales en curso en la zona, como la solicitada por el embajador británico en Uruguay, Patrick Mullee, con el ministro uruguayo de Relaciones Exteriores, Luis Almagro.
Touza indicó también que, precisamente, “la solución a este conflicto debe venir de una negociación entre las autoridades uruguayas y las británicas” y advertía de las graves consecuencias que esta prohibición puede tener, de prolongarse en el tiempo, para los intereses de la flota afectada.
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