Carmen espera en la cola de una tienda para pagar un par de camisetas. Su bebé de poco más de dos años la acompaña y un par de chicas jóvenes, a su lado, juguetean con el pequeño. Minutos después se marchan. Es el momento de pagar y Carmen se dispone a sacar su cartera pero...¿dónde está? De repente, se da cuenta. Las dos chicas que han jugado con su hijo han aprovechado su distracción para llevarse su monedero y con él, el dinero, las tarjetas de crédito y su DNI.
Lo que a priori parece un incómodo incidente –el robo de un DNI, pasaporte u otro documento de identificación- puede acabar convirtiéndose en toda una pesadilla si quien se hace con la documentación decide utilizarla para usurpar la identidad de la víctima y actuar al amparo del anonimato y la impunidad que esto le brinda.
Algo así debió sentir Óscar Sánchez, un lavacoches de Montgat (Barcelona), que el pasado mes de mayo fue condenado a 14 años de prisión en Italia acusado de ser el jefe de una red de narcotráfico entre España y el país transalpino. El origen de la historia se remonta al año 2002 cuando, como en el caso de Carmen, una joven se acercó a Sánchez y le robó su DNI; ocho años después, la Guardia Civil lo detenía atendiendo a la orden de arresto procedente de Roma.
"Criminales moldavos compran un pasaporte en Rumanía para moverse por países europeos. Se puede llegar a juzgar a un ciudadano rumano que ni siquiera haya estado en España"
Según las pruebas de la defensa de Sánchez, el verdadero responsable del delito es Marcelo Roberto Marín, un mafioso uruguayo con cierto parecido físico a Óscar que no dudó en suplantar la identidad del español para protegerse en caso de ser descubierto.
Los grupos organizados de la Europa del este recurren a menudo a este tipo de usurpación, especialmente desde la entrada de Bulgaria y Rumanía en la Unión Europea. "Acreditan su identidad con pasaportes extranjeros de ciudadanos comunitarios", explican fuentes policiales. "Es el caso de muchos criminales moldavos, que compran un pasaporte en Rumanía para moverse por otros países europeos como ciudadanos comunitarios. Cuando actúan y son detenidos, como la mayoría de las veces son puestos en libertad con cargos a la espera de juicio, desaparecen, y se juzga a un ciudadano rumano que puede que ni siquiera haya estado en España", aseguran.
La asociación con la mafia y el crimen organizado es una de las derivas más graves que puede tomar la suplantación de identidad a partir del robo de DNI, pero no la única. Algunas son más conocidas, como la contratación de cuentas bancarias y créditos que quedan sin pagar a nombre de la persona afectada, o la compra-venta on-line en portales que no cuentan con sistemas de pago seguro.
En España también se han registrado casos de individuos que, utilizando la identidad de ciudadanos con nacionalidad española, han contraído matrimonio con personas extranjeras a cambio de una elevada suma de dinero. Estas últimas, con el tiempo, pueden llegar a conseguir un permiso de residencia y de trabajo, mientras que el delincuente desaparece con el bolsillo lleno. Mientras tanto, en otro punto del mundo, una persona se ha casado sin ni siquiera haber pronunciado el 'sí, quiero'.
Otras situaciones, sin embargo, empiezan a ser cada vez más frecuentes. Según fuentes policiales, se ha detectado a ciudadanos que, utilizando la documentación y la identidad de otra persona, han contratado varias líneas telefónicas para convertir sus viviendas en una especie de locutorio clandestino cuyas facturas, abultadas en la mayoría de los casos, se reclaman a la víctima de la usurpación.
Ha aumentado la contratación fraudulenta de líneas de ADSL empleadas para enviar ataques a administraciones públicas y empresas.
También ha aumentado la contratación fraudulenta de líneas de ADSL empleadas para enviar ataques a administraciones públicas y empresas. Una forma de 'ciberterrorismo' que busca obtener información confidencial o saturar el servicio público.
¿Se puede evitar?
Acceder a los datos de otras personas para hacerse pasar por ellas a veces es tan fácil como buscar en internet entre los numerosos anuncios de venta de documentos de identidad y pasaportes que circulan por la red. O bien, se puede acudir al mercado negro, donde grupos perfectamente organizados comercian con ellos por un precio mínimo que está en torno a los 2.000 euros; desde esa cifra en adelante, no hay límite.
La facilidad para acceder a estos datos hace casi imposible impedir que otra persona suplante nuestra identidad si cuenta con documentos oficiales y válidos. También es muy complicado averiguar cuándo se está produciendo una usurpación. En España no existe ningún tipo de mecanismo ni registro de documentos extraviados que, en caso de duda, permita consultar si un documento en cuestión ha sido denunciado como robado, perdido o adulterado. Pese a ello, es fundamental denunciar la pérdida o robo desde el primer momento porque, en caso de delito, podría ser una pieza fundamental para probar la inocencia.
En la red
Con el desarrollo de internet y las redes sociales, la utilización de datos personales para crear perfiles con la identidad de otra persona también se ha expandido. Desde la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) aseguran que han registrado un incremento de las reclamaciones vinculadas a la difusión de datos personales sin el consentimiento de sus titulares, especialmente en las redes sociales.
El pasado mes de julio, la propia agencia sancionaba con 2.000 euros de multa a una usuaria que utilizó los datos de otra mujer para crear un perfil falso en la red social Badoo. La afectada comenzó a sospechar después de recibir varias llamadas de hombres atraídos por su perfil; un perfil que incluía el mensaje "quiero quedar y follar con un chico 22-40", junto al número de teléfono, la foto y la descripción de las supuestas preferencias sexuales de la víctima. La colaboración de Badoo, que facilitó la IP desde la que se había creado el perfil, permitió a la AEDP averiguar quién estaba detrás del delito.
La responsable no era otra que la entonces pareja de un ex novio de la denunciante que, tras verse descubierta, tuvo que hacer frente a la multa de 2.000 euros.
La cooperación de la compañía fue fundamental en este caso para descubrir quién se encontraba detrás de la usurpación, aunque, tal y como resaltan desde la AEDP, las redes sociales deberían disponer de herramientas que impidan la suplantación de la identidad de una persona por parte de sus usuarios. De manera real o de manera virtual, toda precaución es poca para evitar que lo que comienza como la anecdótica sustracción de un DNI acabe robando su identidad y su propia vida.
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