Estados Unidos y Europa en defensa del mercenarismo

Por Víctor M. Carriba* Naciones Unidas (PL) A pesar de la fuerte oposición de Estados Unidos y las principales potencias europeas, la Asamblea General vuelve a buscar este año una nueva resolución contra la utilización de mercenarios y las actividades de las empresas privadas militares de seguridad. El tema aparece en el programa anual del máximo órgano de la ONU dentro del punto dedicado al Derecho de los pueblos a la libre determinación y ya fue discutido en la Tercera Comisión, la cual se ocupa de los asuntos sociales, humanitarios y culturales. Ese cuerpo acaba de acordar un proyecto titulado "Utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación". La iniciativa fue presentada por Bolivia, Cuba, El Salvador, Nicaragua y Belarús, y fue adoptada por 118 votos a favor, 52 en contra y cinco abstenciones. De esa forma, se consiguió vencer la dura oposición de un frente encabezado por Estados Unidos, Francia y Reino Unido, miembros permanentes del Consejo de Seguridad, más Alemania, Bosnia y Herzegovina y Portugal, que ocupan un asiento temporal en ese órgano de 15 asientos. Como discreto complemento de esa lista aparece la abstención de Colombia, país latinoamericano que forma parte de esa instancia de la ONU hasta finales del año próximo. Los restantes integrantes del Consejo de Seguridad votaron a favor del documento: Rusia y China (miembros permanentes), más Brasil, Gabón, Líbano, Nigeria, India y Suráfrica. La carga opositora al proyecto incluyó un compacto grupo europeo, con 36 de los 52 votos en contra provenientes de países de esa región, pertenecientes y no a la Unión Europea (UE). Por América Latina se registraron 20 sufragios a favor, ninguno opuesto y tres abstenciones (Chile, Colombia y México). El documento que ahora debe ser aprobado por la Asamblea General abarca el más amplio panorama relacionado con el peligro que representan los mercenarios y las empresas privadas militares de seguridad para los países subdesarrollados y el principio de autodeterminación de los pueblos. El tema no es nuevo y ha sido objeto de resoluciones del Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, y la Organización de la Unidad Africana y su sucesora la Unión Africana. Los votos de Washington y la UE tratan de evitar una condena a los Estados que permitan el reclutamiento, financiación, entrenamiento, concentración, tránsito o utilización de mercenarios con el objetivo de derrocar gobiernos, en particular de países en desarrollo. Según los documentos de la ONU, esas actividades atentan contra la Carta en lo que atañe a los principios de igualdad soberana, independencia política, integridad territorial, libre determinación, no utilización de o la amenaza del uso de la fuerza y no injerencia en los asuntos internos de los Estados. Y además, constituyen un peligro para la paz y la seguridad de los países en desarrollo y ocasionan la pérdida de vidas, graves daños a la propiedad y efectos negativos en la política y la economía de las naciones afectadas. En ese sentido, el proyecto de la Tercera Comisión precisa que como quiera que se utilicen o la forma que adopten para aparentar legitimidad, los mercenarios son una amenaza para la paz, la seguridad y la libre determinación y un obstáculo para el disfrute de todos los derechos humanos por los pueblos. En tiempos más recientes, la ONU desató nuevas alarmas ante la participación de mercenarios y de empleados de empresas militares y de seguridad privadas en violaciones graves de los derechos humanos. Entre esas faltas, la organización mundial incluye ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, violaciones, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, detenciones y arrestos arbitrarios, incendios intencionales y saqueos. El enfoque actual sobre el asunto advierte que la sucesión de conflictos armados, el terrorismo, el tráfico de armas y las operaciones encubiertas fomentan la demanda de mercenarios en el mercado mundial. Al mismo tiempo, llama la atención sobre el reclutamiento, entrenamiento, contratación o financiación de mercenarios por empresas privadas que ofertan servicios internacionales de asesoramiento y de seguridad militares. Más aún, reclama la prohibición expresa de que esas firmas participen en conflictos armados o acciones para desestabilizar regímenes constitucionales y a establecer mecanismos nacionales para regular el registro y la concesión de licencias a esas empresas. Todo con el fin de garantizar que los servicios de esas corporaciones privadas no violen los derechos humanos ni obstaculicen su ejercicio en el país receptor y que sus miembros y responsables no reciban ninguna forma de impunidad. Los reclamos presentados en la ONU abogan por la elaboración de principios concretos relativos a la regulación de las empresas privadas de servicios de asistencia y asesoramiento sobre seguridad militar. En los últimos tiempos, el grupo especial de la ONU dedicado al problema de los mercenarios aboga por la discusión y adopción de una convención sobre la regulación, el seguimiento y la supervisión de esas entidades. Se trata de consistentes demandas, denuncias y advertencias en torno al amplio espectro del problema de los mercenarios y las firmas privadas de seguridad. Pero todo indica que esas inquietudes atentan contra los intereses de las potencias y gobiernos que se oponen a la más mínima regulación conceptual, formal y legislativa del mercenarismo. *Jefe de la corresponsalía de Prensa Latina en Naciones Unidas.